CONTENER EL PODER MILITAR

Bien es sabido por muchos de los estudiosos de la política colombiana que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez tuvo un gran matiz militarista. Muchos también aseguraron que tenía ciertos rasgos de ser un gobierno autoritario. Algunos otros se atrevieron a decir que era un tipo de dictadura o de populismo del siglo XXI. Pero lo que quiero defender aquí no tiene que ver con ese gobierno sino con el de Juan Manuel Santos y una posible explicación del refortalecimiento del fuero militar en el que se ha visto envuelto en estos días. Si bien el gobierno de Uribe Vélez no fue una dictadura militar, los militares sí tuvieron durante esos ocho años un papel protagónico, por decir lo menos, aunque cuestionado por su arbitrariedad, sus excesos frente a la población civil y su fracaso en la derrota de la insurgencia. Este proceso significó que los militares adquirieron mucho poder y por ello no estaban dispuestos a ceder en ciertos procedimientos aprendidos en una generación dada más al enfrentamiento que al diálogo.

Puede aceptarse con relativa facilidad que el cambio de mando en el ejecutivo significó también un cambio en el discurso de las fuerzas armadas. Fe en la causa fue la consigna que reemplazó la doctrina militar de la seguridad democrática. Y aunque puede que en términos teóricos sea una fórmula más elaborada para muchos sigue una misma línea con la anterior. No es mi interés ni estoy en capacidad de hacer un recorrido por los avatares de las acciones político-militares del gobierno Santos, pero esta nueva política institucional no cayó bien entre las tropas. Así como tampoco ha caído bien el hecho de que las diferencias salariales entre oficiales y suboficiales no se hayan resuelto, ni el inicio de los diálogos de paz del gobierno con las FARC, ni la hasta hace pocos días persecución de la justicia civil. Pueden ser muchas las desaveniencias entre el ejecutivo y sus fuerzas militares, pero éstas no tienen en Colombia la capacidad de producir un verdadero ruido de sables como para que los políticos teman un golpe de Estado de carácter militar. Sin embargo sí tienen un as de chantaje y es la muy conocida baja moral de las tropas, a la que tanto los generales como el ministro de defensa colombiano han salido a responder y denegar. Con tal situación, argumenta la derecha colombiana viuda de poder, el país puede volver al nivel de violencia y de inseguridad previa al gobierno de Uribe Vélez. Tan baja está la moral de la tropa que no desaprovechan un episodio de confrontación entre la guerrilla y el ejército para repetirlo.

En algún sentido esta situación semeja aquella que se vivió en los países latinoamericanos que tuvieron dictaduras militares en los 70s y 80s luego de la transición del poder a las autoridades civiles. Por eso quiero reseñar a continuación algunas de las recomendaciones que dio Samuel Huntington en su texto La Tercera Ola  para que los gobiernos civiles contuvieran el poder que habían adquirido sus fuerzas militares. Y las reseño porque la respuesta que está dando Juan Manuel Santos a la situación con sus tropas se parece a las sugeridas por este pensador y aunque muchas de ellas no hayan sucedido efectivamente podrían suceder en un eventual acuerdo de paz. Así el fuero militar puede ser apenas una de esas concesiones:        

“3- Clarifique y consolide la cadena de mando en las fuerzas armadas. Termine con ambigüedades o anormalidades, haga saber claramente que la cabeza civil del gobierno es el jefe del ejército.

      4- Haga reducciones importantes en las dimensiones de las fuerzas armadas. Cualquier ejército que haya ejercido funciones gubernamentales será demasiado grande y, muy probablemente, tendrá demasiados oficiales.

      5- Los oficiales del ejército piensan que están mal pagados, mal alojados y mal equipados, y probablemente tengan razón. Use el dinero obtenido de la reducción de las dimensiones del ejército para aumentar los salarios, pensiones y jubilaciones, y para mejorar las condiciones de vida. Saldrá ganando.

      6- Reoriente a las fuerzas militares en sus misiones. Usted puede tener interés en desear resolver conflictos con otros países. Sin embargo, la ausencia de una amenaza externa puede permitir que sus militares carezcan de misiones militares legítimas, y realzar su inclinación a pensar en política. Se gana en equilibrio al anular amenazas extranjeras, pero a costa del precio potencial de tener inestabilidad interna.

      7- Para volver a centrar a los militares en sus propósitos profesionales, reduzca drásticamente el número de tropas estacionadas en su capital o alrededor de ella. Trasládelas a las fronteras o a otros lugares relativamente distantes y despoblados.

8- Deles juguetes. Esto quiere decir proporcionarle nuevos y divertidos tanques, aviones, autos blindados, artillería y equipos electrónicos sofisticados (los barcos no tienen tanta importancia: no sirven para hacer golpes de estado). El nuevo equipamiento los hará felices, y los tendrá ocupados mientras intentan aprender cómo usarlos. Jugando bien sus cartas, y dando una buena impresión en Washington, usted también podrá sacar mucho del presupuesto norteamericano. Entonces ganara la ventaja adicional de que podrá aconsejar a los militares que solo seguirán obteniendo esos juguetes si saben comportarse, porque los legisladores norteamericanos tienen una impresión lamentable de la intervención militar en política.

      9- Porque los soldados, como todo el mundo, aman que los amen, aproveche cada oportunidad de identificarse con las fuerzas armadas. Asista a las ceremonias militares, otorgue medallas, ruegue a los soldados que encarnen los valores más altos de la nación, y si esto está de acuerdo con la Constitución, aparezca usted mismo vestido con uniforme.

      10- Desarrolle y mantenga una organización política que sea capaz de movilizar a sus seguidores por las calles de la capital si alguien intenta un golpe militar." 

Bibliografía: Hntington, Samuel P. La Tercera Ola. 

La Marcha ¿Patriótica o Populista?

En este texto expongo una crítica al patriotismo de la marcha patriótica y caracterizo este movimiento político, de modo sucinto, como un ejemplo de populismo en el siglo XXI. La Marcha Patriótica es un movimiento político de reciente aparición en la vida política colombiana que propone recoger los intereses de las clases menos favorecidas del país que han sido o bien excluidas de otras organizaciones o bien irrespetadas por otras como el Polo Democrático Alternativo con sus escándalos por corrupción y la falta de tolerancia al radicalismo de ciertos sectores. Por su Declaración Política podemos conocer bastante bien del carácter de dicha organización, ubicada en el extremo izquierdo del espectro ideológico colombiano, pero con la manifiesta intención de buscar un fin negociado al conflicto armado, razón por la que se le han hecho muchas acusaciones, infundadas en su mayoría, sobre el tipo de vinculación de este movimiento con la insurgencia.

La explicación a la palabra “Marcha” proviene de su origen histórico en algunas movilizaciones realizadas desde mediados de 2008 y 2009, pero especialmente la llevada a cabo en 2010 como conmemoración alternativa del bicentenario de la independencia de Colombia “Marcha Patriótica y Cabildo Abierto”. La explicación al adjetivo “Patriótica” se encuentra en el punto 13 de su Declaración, donde se menciona que el movimiento político sigue el espíritu de los libertadores de la primera independencia. A mi parecer dicho adjetivo tiene connotaciones más amplias que recoger el legado de los libertadores y por lo cual creo necesario un cuestionamiento a sus implicaciones.

Si bien, se puede pensar que el patriotismo promueve unos valores tolerantes también es cierto que promueve valores que eluden la consideración del pluralismo propio de estos tiempos y en esto me quiero detener un momento. La noción de “patria” tiene su origen en el latin, idioma en el que significaba familia o clan, de modo que la visión que se obtiene cuando se habla de “Patria” es la de una gran familia que tiene en común unos padres fundadores, por así decirlo, que lucharon por tan altos valores que a ellos les debemos la existencia de nuestro Estado y nuestra nación. Pero la verdad probablemente sea otra, pues ellos luchaban, sí por la defensa de sus intereses nacionalistas, pero no era una lucha en pro de los desfavorecidos, por el contrario, después de la independencia aparecieron los primeros grandes latifundios y los intereses norteamericanos y de otras potencias de la época surgieron por doquier reclamando la recompensa por el apoyo a la guerra de independencia.  

La noción de “patria” ha sido usada particularmente por organizaciones de derecha que a través de la propaganda gubernamental promueve una serie de valores como los únicos posibles y reduce todos los demás a inapropiados o inconvenientes para el sistema social establecido, que frecuentemente se llama “patria”[1]. Basta para convencerse de ello con ver el uso que de tal noción hizo el expresidente colombiano Uribe Vélez, ubicado en el extremo derecho del espectro ideológico colombiano y cuyo uso de la noción era abiertamente excluyente. Una posición romántica podría discutir una pequeña lucha ideológica por la “verdadera” interpretación del concepto o por el significado original, pero no lograría sacudirse la connotación religiosa ni secularizarla para la política y mucho menos librarse de la connotación burguesa, exclusivista y agresiva de la misma. El “amor  a la patria”, el “todo por la patria”, el “sacrificio por la patria” no son otra cosa que la sacralización de la política[2], dirección errónea de una política que se supone promueve la libertad al modo en el que lo hubiesen querido los libertadores.

Ahora bien, a mi parecer, este movimiento político tiene un interés mayor en la lucha por la igualdad que por la libertad. No prescinde de esta última sino que la ubica en segundo lugar y en esto radica su ideario de denuncia de la desigualdad y su oposición a la política económica del gobierno Santos. De su Declaración Política pueden extraerse o señalarse algunos de esos valores que el Movimiento en consideración ha señalado como deducibles del de patriotismo. Por una parte está la independencia, que en su explicación sugiere la crítica a la actual dependencia de la economía colombiana del más salvaje capitalismo. También promueve el heroísmo; la lucha (aunque sin una definición explícita), y la resistencia, cuya definición ha de encontrarse en la necesidad de librarse del capitalismo. Asimismo se muestra este movimiento político como promotor de los valores de la modernidad y la renovación, promoviendo el anticontinuismo. Dice defender el valor de la soberanía y lo relaciona con la capacidad de ésta de redistribuir la riqueza. Antimercantilismo e igualitarismo se pueden leer en su manifiesto. Pero también se puede notar el populismo, en los constantes llamados al “pueblo”, para la derrota de una oligarquía que, en alianza con el poder económico transnacional, erosiona las bases sociales de la nación colombiana.

De los valores del heroísmo, la lucha y la resistencia podemos deducir dos elementos: por una parte, su origen en las clases menos favorecidas de la sociedad, pero por otra parte, su escasa vocación de poder. Lo cual contradice los valores de modernidad, renovación y anticontinuismo que fácilmente pueden encontrarse en todo movimiento político no conservador, como lo han sido los diferentes partidos surgidos a partir de la Constitución de 1991. Esta contradicción puede deberse a las diferentes organizaciones que están en Marcha, y a la escasa experiencia de este tipo de movimiento político formado por tendencias o por facciones, para cuyo éxito ha de tener en cuenta las recomendaciones de Madison[3].

La forma en que la vanguardia de la Marcha ha intentando resolver este problema ha sido la apelación a la siempre útil pero oscura noción de pueblo, tan oscura como la Volonté générale de Rousseau, que supone la existencia de una sola voz a la cual el gobierno ha de obedecer y no una pluralidad a partir de la cual se ha de conducir el Estado[4]. Y en esto es preciso señalar la asociación entre el patriotismo y el paternalismo, que aunque no es una relación causal sí es una derivación bastante frecuente, particularmente cuando el “pueblo” es minorizado, en términos kantianos, y necesita de líderes que lo orienten.

Si bien, el populismo no es necesariamente algo que esté claramente definido y sobre lo que haya un acuerdo extenso, algunos autores han señalado que es la forma en la que se dan los procesos de democratización e inclusión política en América Latina. Colombia ha perdido a sus dos líderes populistas más destacados antes de que pudieran llegar al poder, de la misma manera, por asesinato. Se ha señalado a Gustavo Rojas Pinilla como lo más cercano en Colombia a un gobierno populista y se ha visto erronéamente al gobierno demagógico de Uribe Vélez como un ejemplo de neopopulismo, visión equivocada por cuanto éste último nunca promovió el enfrentamiento pueblo-oligarquía sino por el contrario el unanimismo. Y es que el populismo logra una polarización entre lo que se llama maniqueamente el pueblo y la oligarquía[5], estilo que sí poseían los líderes asesinados Jorge Eliecer Gaitán y Luis Carlos Galán.

Pienso que la Marcha Patriótica, más allá de ser o no patriótica y pese a las dificultades de esta noción sugeridas anteriormente, es un movimiento populista. Sus condiciones de posibilidad pueden reconocerse por el  cumplimiento de las cinco condiciones de Di Tella[6]. Según este sociólogo argentino los movimientos populistas serán coaliciones que surgen cuando 1) las alternativas liberal y obrera son débiles, toda vez que el liberalismo ha dejado de ser anti status-quo por sus mezclas y coqueteos con las clases dominantes con serios vínculos con el imperialismo y los intereses extranjeros. 2) Cuando los partidos de izquierda no gozan de prestigio, y 3) los partidos obreros se vuelven demasiado razonables debido a la prolongada experiencia de negociación, perdiendo así el contacto con las masas recién movilizadas que fluyen desde el campo o que despiertan en las ciudades.

Además, como aparecen intelectuales de izquierda racionalistas y humanitarios que tienen un marxismo en la versión de Marx y no en la de Lenin, 4) las masas recién movilizadas, incluyendo movimientos juveniles radicales, no se sienten identificadas y exigen ideas mucho más violentas. La respuesta proviene de 5) la proliferación de grupos incongruentes en los diversos niveles sociales lo que produce una élite dispuesta a brindar el liderazgo a esas masas. Así el populismo es definido por Di Tella como “un movimiento político con fuerte apoyo popular, con la participación de sectores de clases no obreras con importante influencia en el partido y sustentador de una ideología anti-status quo”[7]. Sin embargo, este sociólogo distingue cuatro tipos de populismo, dentro de los cuales creo que la Marcha pertenece al tipo de los Partidos Social Revolucionarios.

Estos partidos son típicos de países claramente subdesarrollados, cuentan con i) algunos elementos de la clase obrera urbana que, en países como Colombia no es muy numerosa ni está bien organizada. También cuentan con ii) el apoyo del campesinado, particularmente los campesinos pobres y los  jornaleros agrícolas. Además tienen iii) una élite de “revolucionarios profesionales” extraídos principalmente de la clase media inferior, la intelligentzia y los grupos fuertemente opuestos a su propia clase de origen[8].

Si la Marcha logra superar su condición contradictoria y obtiene con ello una vocación de poder, aumentará su tasa de éxito, logrando introducir cambios muy importantes en la estructura de propiedad de la sociedad. Sería más igualistarista que patriótica, pero mejoraría mucho la exigua democracia colombiana.    

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[1] Ver Habermas, J., La Constelación posnacional,p.103

[2] Ver Gutiérrez G, R.,  Modernismo, p. 81

[3] Ver Madison, J., El federalista X, p.38

[4] Ver Dahl, R, Un prefacio a la teoría democrática, p.88

[5] Ver De la Torre, C., “Populismo Radical y Democracia en los Andes” p.24

[6] Ver Di Tella, Torcuato S., “Populismo y Reforma en América Latina”, p.395

[7] Ibíd., p. 398

[8] Ibíd., p.416 

Legalización y democracia: un nuevo encuentro entre el liberalismo y el republicanismo

Las palabras que escribo a continuación son producto de una reflexión sobre la búsqueda de la solución al problema de la ilegalidad de la producción, tráfico y consumo de estupefacientes, o el  problema de la legalización y su relación con la democracia. Más allá de la consideración frecuente sobre la relación negativa entre narcotráfico y política mis palabras acá se enfocan sobre la relación entre consumo y democracia, en caso de una probable legalización.

La lucha contra las drogas ha resultado infructuosa. La discusión a nivel internacional permanece en el plano de la doble moral, pues mientras las instituciones policiales de todo el mundo persiguen empresas de narcotraficantes, otras empresas se lucran de la venta de armas y precursores para su producción, así como muchas entidades financieras se soportan del lavado de activos que realizan los traficantes. Organizaciones de corte conservador perseveran en su interés de mantener alejado este “demonio” de las drogas de las casas y escuelas, abocándose permanentemente en el prohibicionismo, en abierta restricción de muchos derechos fundamentales y completamente cerrados a la discusión sobre la legalización.

Independientemente de los cálculos estimados por los economistas sobre los beneficios producto de la legalización, mi preocupación se asocia con los efectos directos del consumo sobre el votante. Se estima que un 5% de la población mundial consume estupefacientes bajo un régimen de prohibicionismo. Podría pensar que bajo un régimen de legalización total este porcentaje podría alcanzar valores cercanos a los del cigarrillo (cerca del 20% de la población mundial) aunque es una afirmación sin mayores fundamentos. Es sabido que hay una diferencia real entre los adictos y los consumidores ocasionales en un escenario prohibicionista; no conozco tampoco el alcance estimado de esta relación en un escenario no prohibicionista. Para los intereses de este texto me concentro exclusivamente en algunos efectos de los estupefacientes y lo que estos podrían significar a la hora de tomar decisiones políticas.

Se dice que los estupefacientes afectan las capacidades  físicas y mentales, pero son diferentes si se toma en cuenta si son depresores, estimulantes o alucinógenos. Por tal razón es viable considerar que sus efectos sobre la decisión del votante serán diferentes. No me preocupan acá los efectos sobre el cuerpo humano, sino sobre la voluntad. Lo más probable es que la legalización del depresor más común después del alcohol, o sea  la heroína, conlleve a más abstencionismo, toda vez que un buen número de personas vota gracias a un sentimiento de participación que no sería posible dentro de una depresión, y si es que hay alguna relación entre abstencionismo y depresión.

En cuanto a la legalización de la cocaína, más allá de soportar las arduas tareas de la democracia su efecto psicológico no alteraría en mayor medida las decisiones políticas sino que las haría inclusive más rápidas, porque esta sustancia exacerba las emociones y los sentimientos pero no los transforma en otra cosa.  La decisión de la legalización no debería tomarse a partir de supuestos sino  a partir de una verdadera experimentación científica. No me ha sido posible conseguir datos, más allá de preguntarle a algunos conocidos, acerca de cómo decide una persona bajo los efectos de la cocaína, y sobre cómo reacciona a la frustración o a la decepción, emociones muy frecuentes en la vida política. Tampoco me es posible conocer la capacidad de concentración para  tareas como los cálculos matemáticos y las estimaciones acerca del futuro las cuales, desde mi punto de vista, resultan de interés para la democracia. 

Me preocupan sin embargo los efectos de los alucinógenos, como la marihuana, por cuanto bajo el consumo de estos la realidad sí se altera; sensaciones irreales, percepciones fantasiosas y alucinaciones se producen cuando se consume. Haciendo estas pesquisas, sin experimentación, me es imposible determinar qué tanto se fijan las percepciones producidas durante el consumo y qué tanta conciencia hay posteriormente sobre tales alteraciones de la realidad, y por supuesto, qué tanto influyen estas alucinaciones a la hora de tomar decisiones políticas.  

Un punto de vista liberal permitiría una relativa tolerancia a la vida democrática en medio del trance, aunque con las mismas restricciones que se han impuesto al consumo de alcohol. La legalización desde esta posición  no haría más atractivo el consumo de las sustancias mencionadas que lo que ya lo son hoy. Salvo que las personas puedan perder sus capacidades intelectuales permanentemente con la misma facilidad que lo haría una persona enferma por alcoholismo no habría necesidad de una intervención más que preventiva por parte del Estado. La posición liberal reconoce que, dada la individualidad de las personas, no hay una responsabilidad ni la necesidad de la intervención estatal positiva sobre la decisión individual del consumo en personas adultas. 

Una mirada desde el otro extremo, desde el republicanismo, que no es como tal una posición conservadora, haría de la aceptación de la legalización un asunto mucho más complejo. El consumo desde esta postura puede ser visto como desfavorable para alguna parte de la moralidad de la nación, particularmente en lo relacionado a la vinculación de los consumidores con la democracia. Aumentar la abstención o la posibilidad de que se fijen realidades paralelas son razones para no admitir la legalización. Pero incrementar la responsabilidad de los ciudadanos frente a sus congéneres, aumentar el espectro del consumo sobre el cual se impone la ley y la autoridad, prevenir desmanes, que en caso de mantenerse ilegal el consumo se presentarían, y mejorar los recursos del Estado gracias a los impuestos pueden abrir el campo a que posturas republicanas acepten la legalización.

          

  

¿Cómo se combinan los efectos del mercado, de la represión y de la televisión?

Imagen tomada de www.elquintopoder.cl

Con ocasión de un aniversario más de la caída del único gobierno realmente socialista que ha existido en latinoamerica, he retomado un texto escrito hace algún tiempo sobre los regímenes comunicativos y su relación con los regímenes políticos en la sociedad chilena, para recordar un poco lo sucedido allí y para pensar en lo que sucede en Colombia.

Para José Joaquín Brunner, en su artículo “Cultura y Sociedad en Chile”, la cultura, en su búsqueda interpretativa y constructora de un sentido común compartido comunicativamente,  puede ser entendida como “el movimiento de la sociedad en el proceso de producirse continuamente a sí misma bajo la forma de sus inagotables juegos comunicativos”(Brunner, 1988:46); de manera que en ese acto creativo de confundirse productivamente, termina la cultura siendo una esfera especializada de la sociedad en la que se administran mundos simbólicos que determinan la experiencia cotidiana y no sólo un campo de acción de la política.

Brunner sugiere una distinción analítica entre sociedad y cultura en virtud del entendimiento de la cultura más allá de su acepción de productora de sentido. Para hacer tal distinción se vale de la noción de campo, considerando a la sociedad como un sistema de campos, dando a la cultura el valor de campo privilegiado, de unos individuos, unas instituciones y unos determinados procesos que organizan la circulación y el reconocimiento de los bienes simbólicos producidos (Brunner, 1988:46). Según este autor chileno, la cultura se transforma tanto por factores internos como por factores externos. Y en el Chile desde el que habla, se pueden reconocer tres diferentes periodos en cerca de veinte años: uno de carácter demócrata-cristiano, que gestó las bases para uno posterior de carácter socialista, que tras permanecer tres años en el poder y lograr el avance de décadas es derrocado por Pinochet y su modelo neoliberal, proceso que terminó creando una cultura muy particular.

Para Brunner, la resistencia al régimen autoritario se mostró a través de espacios de simbolización, gracias a la herencia recibida por la sociedad chilena de sus anteriores experiencias, y pese a las estrategias del régimen militar que buscaron restituir en Chile el sentido de lo jerárquico y las barreras entre las clases sociales.

Para Brunner, el régimen militar no explica toda la vida social chilena durante esta época, debido a que todos aquellos que fueron exiliados desde 1973 también hicieron parte de la historia social de Chile. De alguna manera pervivieron sus ideales, valores, creencias y aprendizajes, logrando mantenerse dentro de Chile, pese a la censura.  Reaparecieron en expresiones como la literatura, la poesía, las celebraciones, los recuerdos y los sueños. y estos espacios de simbolización aparecían porque se había reprimido la experiencia colectiva durante el régimen. En este punto es identificable un conflicto que terminaron ganando los oprimidos.  Estos campos, esperaba Brunner en aquella época, terminarían por afectar la política y por presionar cambios en el statu quo de la dictadura desde arriba.

Teniendo presente el anterior esquema podemos atender la relación entre régimen político y régimen comunicativo, que plantea en su artículo “Chile, otro país”. Acá Brunner parte del supuesto de que existe un vínculo profundo entre el sistema político de una sociedad y el régimen comunicativo que aquél condiciona y que necesita para sobrevivir. Con ello presente, el autor caracteriza el régimen comunicativo de la democracia ("allí donde todo se agita en torno nuestro" [Brunner, 1988: 66]), como aquél que se basa en la política, la ley y la escuela. Hasta el ascenso al poder de Allende, las anteriores bases funcionaron y, de hecho, al crear una esfera pública, donde lo que importaba era la palabra, promovieron el ascenso al poder del régimen socialista.

Según Brunner, la dificultad que encarnó el régimen comunicativo socialista fue el fenómeno de la inflación ideológica, puesto que indujo la creencia de que la desigualdad y la explotación serían superados ampliando los efectos redistributivos del Estado de compromiso (o de negociación entre clases). Cuando llegó el gobierno socialista se dieron cuenta de que la ley, la escuela y la política no eran medios eficaces para impulsar un proyecto revolucionario por cuanto eran instituciones exclusivas del régimen anterior. 

Este  orden comunicativo de Chile se deshizo, y como la sociedad no pudo reconocerse como un todo, fue la oportunidad que aprovecharon los militares, quienes inauguraron un nuevo régimen comunicativo, en el que se supieron combinar de manera heterogénea los efectos del mercado, de la represión y de la televisión, logrando con los primeros la atomización de la sociedad, con los segundos, la pulverización de las organizaciones sociales y con los terceros, el moldeamiento de los imaginarios sociales. Todo esto con el fin de generar dinámicas de privatización que movieran a la gente hacia proyectos individuales de bienestar. Este modelo redujo la sociedad a una competencia entre demandas individuales, obligando a los individuos a moverse entre las coordenadas inciertas de la represión.

La esperanza chilena se centró, entonces, en la resistencia, que había encontrado maneras propias de expresarse en la sociedad. Había conquistado espacios sociales gracias al papel desempeñado por la iglesia católica en el complejo y lento proceso de recomposición de la sociedad. Pero este régimen subrepticio surgió, a diferencia del militar, débil y disperso, con alcances locales y con múltiples centros de articulación. Esta entropía comunicativa en la que vivió Chile, producto de la incapacidad de organizarse comunicativamente en torno a unos medios compartidos, afectaron la estabilidad del orden cotidiano. Así, la vida cotidiana perdió su estructura de referencias compartidas, lo que impidió el encuentro de terrenos comunes de interacción.

Con esto apareció una contradicción de interpretaciones que buscaban definir la identidad de los individuos. Pero el régimen militar siguió persistente en su deseo de extirpar el pasado político de Chile, su historia, sus hábitos mentales, su tolerancia ideológica, su formalismo legal y su noción liberal de derechos humanos. Brunner advirtió la disolución de dicho régimen toda vez que no era posible infundir conformismo, a través del régimen comunicativo de la dictadura, entre otras porque estaba viciado con su contrario, el volcamiento de la política en la sociedad, lo que generó un nuevo espacio público, obligándolo a tener rendimientos decrecientes a la hora de usar la represión y de manipular comunicativamente la televisión.

Y en Colombia ¿cómo se combinan los efectos del mercado, de la represión y de la televisión? ¿Se ha logrado aquí también la atomización de la sociedad, la pulverización de las organizaciones sociales y el moldeamiento de los imaginarios sociales? Basta hacer el ejercicio de pensar en un programa de televisión popular como Protagonistas de Nuestra Tele, en un movimiento social de reciente manifestación y sin el menor apoyo masivo como quienes se enfrentan contra la privatización de la educación, o en la última actitud de la ciudadanía ante un problema concreto como la delincuencia juvenil. Las soluciones por lo general son individualistas, toda vez que el imaginario del éxito individual tiene plena vigencia y los costos de cambiarlo son tan altos que se arriesga la propia vida en su más pequeño intento.

Bibliografía:

Brunner, J.J., (1988), Un espejo trizado. Ensayo sobre cultura y políticas culturales. Ed. FLACSO.     

¿Quiénes deben negociar?

Esta pregunta tendría una respuesta sencilla si el objeto por el cual se va a hacer la negociación fuese sencillo, digamos un problema religioso o racial, o inclusive fronterizo o ideológico aunque claramente estos ya no son propiamente sencillos. El conflicto más antiguo e irracional que puede recordar algún historiador de conflictos es este que se da en Colombia, y el más extraño también. Todas nuestras instituciones se construyeron delante del conflicto. No hay ni una de ellas exenta. Hasta la corrupción, como la más nefasta de todas, sabe que el conflicto existe y se refugia en los escondrijos que éste le otorga.

Pero en este caso y teniendo presente la oportunidad histórica que se presenta para las partes en conflicto, ya sea porque la guerrilla se encuentra debilitada o sitiada, ya porque el presidente de Colombia quiera pasar a la historia por lograr un proceso de paz exitoso, ya porque haya intereses de países como Cuba o Venezuela en que la insurgencia colombiana retorne a la vida civil, pienso que en la mesa de negociación deben estar solo los dos contendores. Así como en los combates no se debe inmiscuir a la sociedad civil aunque en últimas resulte afectada, del mismo modo ésta no debe estar en la mesa de negociación. Y creo además que los que se debe negociar debe reducirse a lo mínimo, es decir al todo o nada. Y por esto tampoco deben participar agencias diferentes al gobierno colombiano. Tampoco puede pensar la opinión pública que la negociación se va a hacer con personas de bien políticamente equivocadas. Se ha de reconocer que han sido delincuentes y terroristas, pero que por ello y en función de resolver el problema hay que negociar con ellos, pues si no fueran problema no habría realmente nada que negociar.

El problema, sin duda, es cuáles son esos mínimos. Mi observación es que la guerrilla en este momento sólo tiene dos opciones o la rendición o el diálogo, y a su vez el Estado tiene dos opciones o  persistir en castigar los delitos odesistir de hacerlo para lograr un acuerdo de paz. Si bien acá dejo de lado y descarto de plano la presencia de tantas instituciones y organizaciones como víctimas han existido es porque su presencia en nada modifica las opciones de los contendores y en cambio sí enrarecerían bastante los puntos a negociar. La opción que mayores beneficios podría representarle a la guerrilla es el diálogo y por eso es posible que lo intenten muchas veces toda vez que saben que no hay un modo realista de acceder al poder por las armas. No se sabe con precisión que podrían obtener en la mesa de negociación pero de seguro sería mucho más ventajosa que su otra opción. Por otra parte, la solución a este dilema depende de la opción que tome el Estado, si éste persiste en su intención de castigar los delitos es probable que las FARC no negocien por cuanto les sería indiferente negociar o rendirse. Así que la opción para el Estado, en la que las FARC negociarían, sería no castigar los delitos. En este punto de la negociación ambas partes podrían obtener algo que les interese, las FARC no irían a la cárcel y el Estado obtendría la desarticulación menos costosa de la insurgencia.

Ahora bien, ¿qué pasaría en esta situación con los propósitos políticos de las FARC?  Creo que cada propósito que las FARC deseen realizar les significará algún tipo de castigo a sus delitos. Así si algunos de sus integrantes quieren participación política tendrán que intercambiarlo por sus aliados en el negocio del narcotráfico, o si quieren apoyos socioeconómicos para sus desmovilizados tendrán que entregar a los victimarios de la extorsión o del secuestro, todo de acuerdo a los términos de la negociación. Si el Estado exige demasiado, entonces tampoco la guerrilla encontrará la manera de entregar nada.

Arriba he mencionado el tema de los mayores beneficios para la guerrilla, que podría como en el pasado pedir más de lo que puede entregar, en este caso lo que puede pedir es la opción de dialogar para terminar el conflicto, la solución negociada, y a cambio entregar las armas y sus estructuras militares, obteniendo el fin de su persecución y probablemente otros beneficios conexos. Pero el problema entonces es para el Estado cuyos beneficios son ambiguos o de difícil definición, toda vez que éste no es una persona ni una organización sino la institucionalidad y en esta medida es un conjunto de doctrinas traslapadas acerca de la idea de justicia, por lo que no sería evidente su beneficio.  Dentro de las tareas del Estado, las más urgentes como la reparación a las víctimas o el juzgamiento de los crímenes (que no de los criminales), no reportan beneficio alguno, salvo las ganancias electorales de quienes detenten el poder en el momento de la ejecución de tales políticas. Por esto, obtener la paz, cualquiera que sea su definición, no es un gran beneficio para el Estado, pero sí para algunos ciudadanos estratégicamente ubicados, ya en zonas de conflicto donde la carga bélica se reducirá de modo dramático, ya en posiciones de poder donde les representaría ganancias electorales en futuras votaciones.

Según este análisis breve y poco elaborado una negociación entre las FARC y el gobierno actual beneficiaría a ambas partes, a ellas por obtener una solución negociada, y al gobierno por obtener los votos de la próxima elección. Pero si el gobierno y las FARC aceptan la participación de la sociedad civil y de otras agencias en la mesa de diálogo, éste se complejizará porque las opciones ya no serían las de dos sino la de muchos otros, como podría pensarse que ha ocurrido en anteriores oportunidades.    

                  

La Guerrilla y la Constitución

La guerrilla y la Constitución es un texto que escribí hace unos años sobre las opciones que tenía la guerrilla en un eventual diálogo de paz. No es un gran tratado, son apenas unas impresiones reunidas al respecto.  

El argumento de Trasímaco

Justicia es una palabra de la cual decimos muchas cosas pero sobre la que realmente no nos preocupa sino cuando nos toca vérnosla con ella. Pueden verse dos nociones básicas de la misma con un único núcleo. Cuando frente a un hecho que consideramos injusto decimos “no hay justicia” nos referimos a ese contenido casi poético y bastante platónico de un orden universal acorde a lo justo y bueno. Cuando decimos “se ha reformado la justicia”, nos referimos a esa parte de la Constitución que nos da algunas garantías para vivir dentro de un Estado libre y democrático. Pero el sentido hacia el que apunta la reforma en trámite trata de hacernos cambiar la forma de contemplar ese núcleo. Aunque difícilmente podamos llegar a concurrir en la afirmación “la masacre auspiciada por el senador tal, o que favoreció al gobernador tal, no es un hecho injusto”, seguramente veremos cómo escapan de las autoridades este tipo de “personas destinadas a delinquir”. Y es que la preocupación de los congresistas por la segunda instancia es tal que supera cualquier creencia ingenua en el alto valor de la misma, por el contrario, con tal preocupación afirman su decisión de seguir delinquiendo.  

Cuando Sócrates y sus amigos discutían respecto de la idea de lo justo, mientras Céfalo sugería algún tipo de reciprocidad y Simnónides alguna variación de la ley del talión, Trasímaco argumenta que “lo justo es lo que conviene al más fuerte”

“En todos los Estados es justo lo mismo: lo que conviene al gobierno establecido, que es sin duda el que tiene la fuerza, de modo tal que, para quien razone correctamente, es justo lo mismo en todos lados, lo que conviene al más fuerte.” (República, 339d)

Aunque Sócrates le señala el error a Trasímaco al mostrarle cómo los gobernantes pueden equivocarse y ordenar a los ciudadanos lo contrario a su conveniencia (339d), el hecho señalado posteriormente por Trasímaco debilita la posición de Sócrates

La justicia y lo justo es un bien en realidad ajeno al que lo practica, ya que es lo conveniente para el más fuerte que gobierna, pero un perjuicio propio del que obedece y sirve; y que la injusticia es lo contrario y gobierna a los verdaderamente ingenuos y justos, y que los gobernados hacen lo que conviene a aquel que es más fuerte,  y al servirle hacen feliz a éste, mas de ningún modo a sí mismos. (343c).

En este sentido de Trasímaco la noción de justicia se acerca a la defendida por Rawls, según la cual la justicia es un predicado de las instituciones sociales. Según Trasímaco cuando hablamos de la justicia hablamos en el sentido de eso que se puede reformar y no de aquella idea que se mantiene en el trasfondo social, por decirlo en términos de Rawls.

Ahora bien es preciso recordar que en Colombia el argumento de la justicia tiene que contar con dos axiomas de gran importancia y mucha fuerza, el hecho de estar en guerra y el de contar con la fuerza corruptora del narcotráfico. Estas dos interferencias alteran cualquier noción que pretenda aplicarse a las instituciones más importantes de nuestra sociedad. No tenemos juicios ni tampoco tenemos leyes sin estas interferencias. A tal punto que podría señalarse que no hay justicia de trasfondo, sino injusticia. Además sabemos que nuestro Estado no es “el más fuerte” y que por ello, si validamos la noción de Trasímaco, con la reforma a la justicia se protege “al más fuerte” que dirige a los personajes y que está oculto tras el telón que forma la institucionalidad colombiana. La reforma no repara ni atiende a la injusticia de trasfondo que era su leitmotiv, y por el contrario revela quien es el más fuerte, al que le conviene la “nueva” justicia.

 

Astrea primera diosa de la justicia, abandona la tierra, cuando ésta se envilece

La paz y el concepto de "estipulación"

Pienso que la paz no se puede negociar, y esto por dos razones. La primera es que la paz no es un bien en el sentido económico del término. Si así fuera, veríamos a los especuladores negociando futuros de paz en la bolsa de valores y especulando con los precios y utilidades de las mismas. De la paz se puede hablar, se puede establecer, se puede pensar. Pero me parece que no es simplemente el acuerdo de unas voluntades que encuentran ventajas en no agredirse. La paz es un predicado de un tipo de equilibrio social, no el cese de un conflicto armado. La segunda razón proviene de lo anterior, puesto que si la paz se pudiera acordar y fuera realmente ventajosa para todos los que participan de tal acuerdo, ya se habría logrado.  

Si bien lo anterior, Colombia necesita el cese del conflicto armado. También es cierto que no se alcanzará la paz hasta mucho después de que se depongan las armas. Inclusive puede pensarse en que la paz es apenas una idea reguladora, un estado ideal de conciencia como sugieren algunos, de modo que tampoco sería una esperanza verdadera. Así como no se puede decretar la paz tampoco se puede firmar la paz. La justicia transicional nos ha enseñado que para que los conflictos lleguen a su fin con la firma de algún tratado, ambas deben ceder en sus aspiraciones. Las aspiraciones de la insurgencia colombiana, si nos remitimos a su discurso y no a sus acciones tienen que ver con el asunto espinoso de la justicia social, es decir, en pocas palabras aspiran a una mayor igualdad entre los colombianos. Las aspiraciones del Estado colombiano, si nos limitamos nuevamente a su discurso fundacional y no a sus acciones, es decir, a los términos de la Constitución del 91, puede resumirse en el respeto a las instituciones democráticas, incluido por supuesto el derecho a la vida.

Ahora bien, he señalado aquí algo que Rawls llama la estipulación. Esa distancia que se establece entre los principios de justicia que aceptan los participantes de determinada institución y la restricción que se hace de los mismos para poder integrar una organización más pequeña que la sociedad, como la familia.  La estipulación, como mecanismo, nos permite introducir argumentos propios de la cultura de trasfondo en la cultura política. Nuestra cultura política, aunque viciada por el clientelismo, el fraude, la coerción, la falta de partidos fuertes ideológicamente, la abstención, la compra de votos y otras formas de corrupción, tiene como propósito el fin del conflicto armado. Sin algún tipo de estipulación, como supone el uribismo radical que debe darse el fin del conflicto armado colombiano tendríamos a una insurgencia entregando las armas y afrontando procesos judiciales por infinidad de delitos, abarrotando aún más las ya hacinadas instituciones carcelarias colombianas, e introduciendo en la ya congestionada y lenta justicia colombiana una infinidad de procesos.

Esta gran estipulación ha de permitir una justicia transicional para que la sociedad disuelva en la ciudadanía a la actual insurgencia, lo que a su vez ha de transformar a la ciudadanía. Por su parte, la insurgencia también ha de participar en la estipulación y tendrá que integrar en su concepción más básica la idea de que es posible sin apelar a las armas conseguir una mayor igualdad en esta sociedad.

Puede que tal estipulación tenga consecuencias a nivel de justicia internacional por lo que se ha avanzado en esta materia con posterioridad a la segunda guerra mundial y a la entrada en vigencia de los tratados de derecho. Pero también puede que sea preferible el fin de una guerra y el perdón de unos crímenes a su perpetuación en el tiempo.         

               

Libertad de expresión e intimidad

Hace un tiempo una campaña de la empresa Benetton revolcó el ya amplio debate sobre la primacía de la libertad de expresión frente a las libertades individuales de intimidad y de uso privilegiado de la imagen personal. Esta contradicción se da en el marco de las libertades modernas y conlleva dos preguntas, la primera es por el alcance de la libertad de expresión; la segunda, por el ámbito de la intimidad. Yendo un poco al fondo de ambas libertades se encuentra un punto en común: la no interferencia del Estado. Éste, en aquellos lugares donde se garantizan impide que se censuren las opiniones de las personas sobre temas relacionados con el accionar del Estado o sobre las costumbres de la sociedad civil, asimismo se garantiza que el Estado liberal no intervendrá en la vida privada de los ciudadanos, es decir, no utilizará su poder coercitivo para imponer una determinada religión o posición política o cualquiera otra posición omnicomprensiva.

El conflicto entre estas dos libertades empieza a definirse por la intervención positiva del Estado a favor de otras libertades individuales que se han visto oprimidas por el ejercicio de la intimidad, a saber las libertades de las mujeres y de los niños. Esto puede verse en el hecho de que el Estado ha pasado, recientemente, a ejercer una serie amplia de protecciones sobre estos dos sujetos de derecho. El Estado ha empezado a intervenir en la relación entre marido y mujer y entre padres e hijos, desvirtuando las supuestas autoridades cuya violencia ponía en peligro la vida misma de las mujeres y niños, y poniendo en su reemplazo un régimen de compromisos y responsabilidades ante la sociedad.

El ejercicio de la libertad de expresión también se ha visto limitado, especialmente por la comisión de los delitos de injuria y calumnia. 

Pero la libertad de expresión no solo ha conocido sus límites sino que la expresión misma ha crecido de una manera incontrolable y desproporcionada con el auge de la tecnología y el crecimiento de la educación, de modo que hoy en día se encuentran tantas imágenes y textos diversos sobre todos los temas, que se hace impensable un control efectivo sobre los posibles abusos de tal libertad. Sin embargo, la pregunta por lo que queda dentro del ámbito de la libertad de expresión sigue abierta. Para ello, voy a ilustrar con un caso: una persona ha comprado una nueva cámara fotográfica y ha empezado a fotografiar cada cosa que le causa interés, es decir, tanto los edificios de las ciudades que recorre como la presencia de personas en diversos escenarios, así como otras obras de arte de las que presencia su exhibición e inclusive, aquella publicidad que le genera curiosidad. Resulta que cada uno de estos ejemplos tiene o derechos de autor o derechos como la privacidad o la intimidad. Fácilmente esta persona puede exponer sus fotografías en un sitio web sin la menor complicación, disolviendo con la misma facilidad los derechos a la intimidad y el derecho de autor en caso de que tal publicación le produzca beneficios económicos. 

Ahora bien, las personas eventualmente perjudicadas podrían no enterarse nunca de su perjuicio, e inclusive puede que ser el protagonista de una fotografía o un video no sea en todo caso un perjuicio y por el contrario podría propiciar su reconocimiento, o el de alguno de sus derechos e inclusive reincorporarle a la legalidad dentro de la sociedad. Considero que la libertad de expresión no debe limitarse en ningún caso, salvo por la autonomía moral de la persona que hace uso de la misma. Si con tal uso sobrepasa e irrumpe contra los derechos de los demás, la responsabilidad deberá ser asumida.         

Para concluir quiero esbozar un argumento en contra de la discusión sobre lalibertad de prensa, subsidiaria de la de expresión, propuesta por el grupo insurgente de las FARC. No resulta consistente que en pleno siglo XXI y después de tantos debates sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad globalizada alguien piense que éstos pueden ser o deban ser completamente imparciales. Los mass media sirven a intereses particulares. Aunque en las facultades de comunicación se profese la imparcialidad esta es casi imposible de lograr, basta con saber que un sujeto sólo puede notar una parte de su realidad y de ella sólo puede reflejar una parte aún más pequeña, sin importar lo brillante que pueda ser su memoria. Asimismo una nación o un pueblo tampoco puede recordar toda su historia al mismo tiempo ni con un sólo propósito.

La información tiene propósitos políticos y económicos. ¿Regularla implicaría cambiar sus propósitos o cambiar la información? Creo que el problema en Colombia no está en la forma en la que los medios existentes informan, sino en la escasez de medios, en el monopolio de los mismos, en las estrechas relaciones entre los medios y los sectores económica y políticamente poderosos existentes en el país. Este comportamiento cartelista es el más incómodo pero su solución no se encuentra en limitar sino en ampliar, su solución no es restringir la libertad de prensa o de expresión sino en ampliarla y extenderla hasta hacer visibles aquellos aspectos de la realidad que pasan desapercibidos por gracia del actual enfoque mediático. Y pues esto me trae de nuevo a mi punto de partida, al conflicto entre la libertad de expresión y las demás libertades civiles. Pienso que la libertad de expresión tiene cierto tipo de primacía puesto que puede ayudar a proteger las demás libertades en gobiernos con inclinaciones despóticas, y que el primer síntoma de un gobierno no adepto de la libertad es algún tipo de constricción o replanteamiento de dichas libertades.

“El poder arbitrario se nos impondría si no tuviéramos el cuidado de evitar su progreso, y si no existiera un fácil método de transmitir la alarma desde un extremo del reino al otro” David Hume, “De la libertad de prensa” en Ensayos morales, políticos y literarios Parte I               


*La imagen fue tomada de http://www.filosofiadigital.com/?p=906 y expresa la concepción de Thomas Nagel sobre la imparcialidad.