Corresponde a la
filosofía política el diseño de una alternativa o una salida cuando las
instituciones existentes se desfasan, pierden su naturaleza o fracasan; éste es el
caso de las instituciones de justicia en Colombia. Fácilmente, quienquiera,
puede deducir que también es el caso de la mayoría de instituciones. Muchas de ellas
padecen del clientelismo y para acceder a sus cargos hay que apela al
arribismo, al amiguismo, al favor político y solo en algunos casos al mérito
(con los problemas que esto implica). En últimas, esta ‘estructura’ explica los casos de corrupción, así como la
incompetencia plena de la administración de justicia para resolver con
celeridad y en el marco de lo justo los distintos casos y problemas sociales
que se llevan ante ella.
No podemos
separar el sistema judicial de la manera en que funcionan las otras áreas de la
democracia colombiana. Y en este sentido es claro que si el sistema de elección
de quienes eligen posteriormente a los magistrados está viciado, habrá
ciertamente una transferencia de dicho vicio. Nuestro modelo de democracia no garantiza la
participación del más amplio número de ciudadanos, ni se preocupa porque lo
hagan en condiciones de ilustración suficiente, por el contrario, le basta con
abstenciones del 60% y con decisiones basadas en la publicidad y en los efectos
de la demagogia, persigue la oposición, reprime la protesta social, permite la
compra de votos y por ello no hay la más mínima condición de igualdad para la
participación. De hecho, muchas personas creen que la democracia se reduce a
las elecciones.
Pero la democracia
también implica la tan mencionada separación
de poderes y la idea de los pesos y contrapesos. En Colombia los
magistrados de la Corte Constitucional son elegidos por el Senado, a partir de
ternas que presentan el Presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado. Independientemente de donde proceda la terna los candidatos a
magistrados tienen que hacer lobby con los congresistas, y esta práctica
implica compromisos previos respecto a casos futuros. Cuando los magistrados
deberían elegirse por su calidad, experiencia o capacidad académica, se eligen
por la capacidad de prometer resultados a sus directos electores o a los
patrocinadores de estos.
Los magistrados
de la Corte Suprema son elegidos por la misma Corte y postulados por el ya decadente
Consejo Superior de la Judicatura, lo que en teoría le da un poco de autonomía.
Pero como no es necesario hacer parte de la carrera judicial para llegar a ser
magistrado, es posible que se dé lo que en Colombia se ha conocido como ´la
puerta giratoria’. Y esto ocurre tanto para ingresar a las Cortes como al salir
de ellas, pues los cargos no son vitalicios, lo que permite que al finalizar el
periodo de magistratura se acceda a cargos con mejores remuneraciones, ya en
otros cargos del sector público, ya en cargos del sector privado.
Los seres
humanos titubean entre el azar y el determinismo. Algunas cosas se prefieren
bajo el mayor cálculo y predicción, de modo tal que no escapen al control de
los agentes. Otras, se dejan al azar. La democracia es, en condiciones puras e
ideales, una cuestión de azar, pues no es fácil determinar con anticipación la
decisión de cada votante, y cada hecho del acontecer nacional o local puede
influir en la decisión final de este. Pero tales condiciones no existen, y en
países con pobre formación política de sus ciudadanos, y con escasa mayoría de
edad, es muy fácil para el político profesional organizar su estrategia y
hacerse a la victoria con relativa facilidad siempre que cuente con los medios
económicos y logísticos, es decir, sin dejar nada a la suerte. Y así,
curiosamente, funcionan las demás elecciones.
Es por eso que
pienso que el azar puede ayudar a que la elección o designación en los
diferentes cargos sea más afín con las ideas de democracia, justicia e igualdad
de acceso a los cargos que profesa la teoría del liberalismo político. Ya en la
antigua Roma y en Grecia se designaban magistrados por sorteo, en la medida que
el único requisito en ese entonces era ser ciudadano. En nuestros días
podríamos añadir la necesidad de tener título de abogado y el hecho de no tener
cuentas pendientes con la justicia.
Esta medida de
designar a los magistrados por sorteo, entre un grupo de interesados y calificados
(lo que implicaría tal vez su pertenencia a la carrera judicial), superaría en
cierta medida los excesivos impedimentos y la lentitud del sistema
meritocrático (así como su estructura profunda de exclusión), y superaría por
completo los vicios de elección que existen actualmente. Habría que hacer los
cargos vitalicios y pasar de una sociedad de apáticos políticos a una de mayores
de edad en términos kantianos. Los
controles sobre el ejercicio de las funciones de estos magistrados podrían ser
ejercidas en los mismos términos en que se ejercen actualmente.
Nota: La creación de una supercorte sólo me hace
pensar en quién controlará a dichos supermagistrados y en quién los designará.
