Justicia y Política

Redistribución, reconocimiento y participación son tres de los elementos que caracterizan una de las mejores concepciones de justicia que recuerdo, la de Nancy Fraser. Y resulta oportuno volver a ella para tener un punto de vista claro sobre lo que se pretende hacer cuando se dice que se va a reformar la justicia en Colombia. En una entrevista el expresidente Cesar Gaviria se refirió al tema como uno de los pendientes de la Constitución del 91. En el gobierno Uribe también se planteó la necesidad de la reforma y fracasó. Pero los temas fracasados en una legislatura perviven en los siguientes. Los temas no difieren; en aquel entonces se querían reformar las instancias judiciales, enfrentar la dificultad de acceso para los ciudadanos más pobres, evitar los choques de trenes, el abuso de la tutela y la inseguridad jurídica. Hoy en día, se alegan problemas administrativos, congestión judicial, y otros. “No se requiere una reforma constitucional”, argumentan unos, otros piden “una pequeña constituyente que impida el bloqueo constitucional”, pero ninguno evade la polisemia de la palabra justicia, ni se preocupa por su sentido. De hecho lo olvidan. Esto se demuestra en la preocupación porque la justicia no tenga contenido político, lo cual a mi parecer es una preocupación infundada, toda vez que lo que se acusa en el fondo, cuando se expresan tales preocupaciones, es la posible parcialidad partidista en la ejecución de la justicia. Hablar de una despolitización de la justicia es errado por cuanto el objeto por excelencia de la política es la justicia.  

El hecho de que la justicia sea entendida como una mera obligación de la rama judicial y no como una virtud de las demás instancias del poder o instituciones en Colombia, es un defecto del diseño institucional, cuyas evidencias se notan, por ejemplo, al comparar el número de escándalos de la salud en Colombia junto con el número de solicitudes de tutela del derecho a la salud. En una sociedad decente no es tarea exclusiva de los tribunales la defensa de la justicia. Entre muchas razones principalmente por la siguiente: la justicia es la virtud de las instituciones. De modo que, apelando a la definición fraseriana de justicia, nuestras instituciones tienen la tarea de preocuparse por la redistribución, el reconocimiento y la participación. Pero estas palabras asustan porque quieren decir libertad. La Constitución de 1991 al igual que las demás constituciones del mundo consagra la libertad en su interior, pero históricamente el presupuesto colombiano no le ha dado prioridad. El objeto de la justicia es la libertad, de lo contrario no tendría ningún sentido.

Nuestra atención se distrae entre el choque de trenes suscitado por la negativa de las altas cortes a aceptar la reforma propuesta por el ejecutivo y la negativa del ejecutivo a la propuesta del Consejo de Estado, o por preocupaciones como la doble instancia para los parlamentarios, los cuales aceptan, con ello, tácitamente la dificultad para no delinquir desde sus cargos. Como muchas reformas en Colombia, lo que ésta propone realmente no da una respuesta de fondo al problema de la justicia. Puede que éste sea la escasez del presupuesto, como se sostiene con frecuencia, o bien la falta de administración pública o bien la falta del sentido de justicia[1], pero la propuesta de reforma no atiende por el momento de modo suficiente a ninguno de estos elementos. Una breve lectura comparada entre el texto de la reforma (propuesta por el ejecutivo) y los artículos de la Constitución del 91 evidencia que sólo se planea la ampliación de los artículos de la Constitución, dejando la reforma necesaria pendiente y los verdaderos objetivos a eventuales leyes estatutarias, particularmente la que habrá de reglamentar la tutela.

La tutela ha sido desde su aparición la institución que mejor trabaja en procura de los tres elementos que caracterizan la concepción de la justicia de Fraser, toda vez que empodera al ciudadano frente a las acciones del Estado para que este se realice de acuerdo a los límites que impone la Constitución, cooperando de modo importante con el asunto del reconocimiento. Ahora bien, la justicia colombiana tiene muchos problemas asociados principalmente a los efectos de un equivocada distribución, pero si la reforma a la misma no se realiza con el fin de restablecer la justicia como pilar del Estado de derecho difícilmente se dará solución al problema de la justicia y lo que se haga no será más que unos pañitos de agua tibia para curar una enfermedad terminal.  Esta solución política al problema de la justicia requiere principalmente la participación, en el entendido de que la noción pública de justicia se construye a partir de unos principios clara y razonablemente establecidos, con lo que quiero decir que tales nociones no pueden darse a partir de la revisión en caliente la injusticia ni de las aspiraciones ciudadanas.  

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[1] Capacidad moral que tenemos para juzgar cosas como justas, a partir de razones, actuando de acuerdo con tales juicios y deseando que los demás actúen del mismo modo (Rawls).  

Familia

El artículo 42 de nuestra Constitución Política establece que “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.

En estos días, con ocasión del eventual fallo de la Corte Constitucional sobre la prohibición histórica del matrimonio entre parejas del mismo sexo se ha discutido mucho sobre lo que es una familia. Pero hasta el momento no he visto una concepción coherente y convincente. A continuación planteo algunas preguntas 1. ¿Es realmente una familia la que conforman un hombre, una mujer y sus hijos? 2. ¿Es una familia la que conforman una madre y uno o más hijos? 3. ¿Es una familia la que conforman un hombre y una mujer que no tienen hijos? 4.¿Son familia, un padre y su hijo o hija? 5. ¿Es una familia un grupo de hermanos que no cuentan ya con la presencia de sus padres? ¿Son familia las familias no occidentales  y las que están presentes en nuestro territorio desde antaño en el que la figura tradicional está desdibujada? Un examen breve de las preguntas 2, 3, 4, 5 y 6 muestra cómo la familia es una institución definida por la sociedad, y por tanto tiene un fuerte asidero histórico, al punto que la palabra “familia” se ha empezado a usar como un mecanismo de cohesión social y para ello basta observar cómo en las redes sociales pueden conformarse familias con la sola intención de agrupar a determinadas personas como hermanos o primos e inclusive padres sin necesidad de demostrar vínculos mayores al afecto. Otros escenarios previos a las redes sociales ya permitían el uso de “familia” para expresar un grado alto de afecto al encajar adecuadamente en un determinado grupo social. “Son como mi familia” se solía decir.

Ahora bien, hay que hacer con estos elementos una consideración de otra índole. Cuando tratamos de definir algo solemos hacerlo de dos maneras. Una que llamamos extensiva y otra que suele llamarse intensiva. La primera manera consiste en hacernos un concepto a partir de la enumeración de los ejemplos a los que tenemos acceso, así  por ejemplo, nos hacemos a un concepto de número al observar el 1, el 2, el 3, etc. Del mismo modo nos hacemos un concepto de familia al observar las que están al interior de las preguntas 2, 3, 4 y 5. Pero así como al observar todos los números naturales, ello no nos da una adecuada definición del número, tampoco podemos hacernos una adecuada definición de lo que es una familia al observar las familias actualmente existentes o las que están reguladas en la ley. Me arriesgo a sugerir que ninguna institución es eterna y que, por tanto, en su interior hay cambios o nuevos arreglos en el consenso traslapado que le subyace, con el transcurrir del tiempo. Colombia requiere una definición intensiva de familia, y creo que la tiene en el mismo artículo que se usa para argumentar contra las familias diversas. Muy pocos negarán lo siguiente: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.  Dicha reformulación deja entrever tres orígenes excluyentes: 1. los vínculos naturales, 2. el matrimonio, y 3. la voluntad responsable. Cualquiera de los tres, toda vez que la aparición del siguiente no implica la desaparición del precedente, nos informa del tipo de sociedad que se avecina y que los constituyentes tímidamente se atrevieron a anticipar. Además sugieren un orden cronológico. Podemos suponer en gracia de discusión que nos encontremos en la etapa en la que las familias se construyen a partir del matrimonio, y que es deseable que también se formen a partir de la voluntad responsable.   

El término familia tiene un origen etimológico poco afortunado. Viene del latin famulus y éste significa esclavo o grupo de esclavos. Pero podemos pensar que de alguna manera la familia es una institución justa. Paulatinamente el Estado y su poder coercitivo han venido interviniendo en un espacio que hasta hace poco era considerado como privado. El conflicto entre las esferas pública y privada del ser humano se ha librado principalmente en este escenario llamado familia. La construcción de la privacidad y la construcción de la vida pública se originan en este mismo lugar. Por eso el problema con las doctrinas comprensivas, expresadas por las iglesias cristianas, las cuales no ven más familia que las réplicas de la sagrada familia. Si la familia es realmente el núcleo de la sociedad, como dice la Constitución, puede que un cambio en el núcleo cambie la sociedad. ¿Y qué se ha buscado en Colombia desde hace décadas, más que un cambio en su sociedad?    

           

En defensa de la democracia

Esta semana el excandidato presidencial Antanas Mockus renunció a su Partido Verde, la última y más reciente aspiración de muchos colombianos por tener un gobierno honesto, gracias a la eventual alianza de esta colectividad con el partido de la U, con el fin de aspirar a la alcaldía de Bogotá. Con ocasión de este tema quiero plantear algunas observaciones sobre dos dificultades que engendra la consabida política de alianzas. La primera de ellas es la universalización de la tendencia a realizar alianzas. La segunda es la dilución de la responsabilidad política de los partidos.  

En democracias multipartidistas suelen surgir, para cada elección, una serie de alianzas con el ánimo de asegurarse una mayoría suficientemente amplia y, por lo general, el triunfo en las aspiraciones a los cargos ejecutivos. Tales alianzas permanecen con posterioridad a la victoria. O por lo contrario, la representación de las alianzas gubernamentales o parlamentarias, se postulan como alianzas electorales. En Colombia esta suerte de práctica fue facilitada por la más reciente reforma política. Pero a mi parecer tal práctica engendra un problema que atañe al sentido mismo de la existencia de la democracia. El procedimiento de alianzas pese a que puede favorecer cualidades democráticas como la permanencia de una mejor gobernabilidad y procurar una mayor estabilidad, no puede universalizarse porque hace insignificante la existencia del procedimiento democrático mismo. La práctica de realizar alianzas puede describirse como la reducción de dos agendas políticas o dos ordenaciones de valores políticos a una sola. Tal práctica no puede universalizarse como principio de la democracia, porque nos conduce inmediatamente a la existencia de un partido único o de algo semejante, a la supresión de las diferencias ideológicas o a la  subvaloración de las mismas, a la dilución de la responsabilidad política, y a una nueva y esquizofrénica política totalitaria, puesto que las diferencias quedan ocultas bajo un supuesto manto de consenso y unidad.

Toda unidad se construye mediante una determinada exclusión. En este caso el incremento del tamaño de la coalición legislativa-ejecutiva sólo evidenciará la pre-existencia de una clase dirigente a la que no le interesa la representación de los ciudadanos ni su participación a la hora de la toma de decisiones, puesto que han logrado una adecuada repartición de las cuotas burocráticas. La muy cuestionable existencia de un partido único, se asemeja a la existencia de una pluralidad de partidos políticos pero que hacen parte de una unidad de gobierno, por cuanto no es posible que haya una adecuada representación del pluralismo al interior de las instituciones en las que tiene alcance la distribución del poder. Aunque es frecuente en la historia política colombiana la preeminencia de cacicazgos políticos, y pese a que estos han sobrevivido a las diferentes reformas políticas, parece existir aquí una primacía del clientelismo por encima de la ideología. Si un partido a puede unirse a nivel local, en un determinado distrito electoral con un partido b, pero en otro lo hace con un partido c, en donde los partidos b y c son contradictores políticos, tal esquizofrenia solo puede ser indicador de relaciones clientelares y del olvido de los aspectos ideológicos. Pero esto resulta más grave aún cuando los partidos a, b, y c disuelven las diferencias políticas que los justifican, en aras de cumplir una supuesta agenda nacional, sin procurar un consenso a partir de tales diferencias, sino predicando el unanimismo a partir de los mismos fines, pese a tener principios diferentes. Los regímenes de partido único por lo general son vistos como regímenes violadores de derechos humanos, donde se ahogan libertades políticas y se impide el debate libre de ideas. Una política de alianzas maximizada, esto es, que incluya todos los partidos existentes, se hará la pregunta de para qué debatir si se puede decidir. Y aún si tal maximización no logra ser absoluta, si mermará a tal punto el carácter de la oposición que no tendrá sentido su existencia. 

Las democracias sin oposición existen, pero su eficiencia deja mucho que desear. Y en todo caso nunca garantizan la alternación de poder.

Tal característica introduce el segundo aspecto a problematizar de la tendencia radical a la creación de alianzas que es la dilución de la responsabilidad política. ¿A quién se harán los reclamos cuando la administración pública fracase, o a quien se castigará por su ineptitud para conseguir los fines para los que se eligió, o por su corrupción, si es imposible distinguir su filiación política, y además es la única opción. El transfuguismo, tan frecuente en estas tierras, se introdujo como elemento constitucional al consagrar la posibilidad de realizar alianzas, puesto que el mismo principio guía ambas prácticas. La mismidad del criterio, el mismo esquema de valores políticos, hace posible que un candidato hoy haga parte de una colectividad y mañana de otra. El viejo refrán de si no puedes con tu enemigo, únetele, es la consigna de la actual política colombiana. Si las diferencias políticas se resuelven por el consenso electoral y clientelar no vale la pena mantener la democracia. Si además la clase dirigente no se las ve con la clase dirigida, tal régimen es inútil. Por eso la renuncia de Mockus es significativa, porque si todo vale, nada vale.

Crisis de Liderazgo

Cada día se nota más que en Colombia hay una escasez de líderes sorprendente. Hay que mirar sólo un poco, los candidatos a la presidencia en 2010, ahora figuran dentro de la lista de candidatos a las mayores alcaldías colombianas. No es por nada pero los favoritos para la alcaldía bogotana o ya han sido alcaldes, o fueron grandes candidatos a otras instancias de poder en el país, y dado que resultaron perdedores, entonces son los grandes candidatos a otros espacios. O bien Bogotá tendrá un perdedor recompensado o tendrá un “experto conocedor de la ciudad” (vg. un exalcalde), y para ello basta ver la reciente encuesta publicada por Semana. Los perfiles de los candidatos que “lideran”, evidencian, por encima del supuesto conocimiento de la ciudad su falta de principios políticos y la tenencia esquizofrénica de valores políticos, que valga decirlo, cambian con la dirección del viento. Pienso que no hay que elegir al que más liderazgo parezca tener, sino hacer líder a quien ofrezca mejores garantías de realizar nuestros principios en la administración de Bogotá. Esto, bajo el supuesto de que los colombianos tengamos alguna suerte de principios.

Esta duda me permite introducir el asunto al que realmente quiero referirme cuando hablo de crisis de liderazgo. El único liderazgo realmente existente es el de la crisis. La expresión “el liderazgo de la crisis” tiene dos sentidos, el primero de ellos es el de quien lidera durante la crisis, y el segundo es el de la preeminencia de tal estado de cosas. Lo que digo, lo digo con más fuerza hacia el segundo sentido. Crisis quiere decir, eventualmente, ruptura, y la ruptura de los principios en Colombia es la que puede explicar el estado actual del liderazgo político. La debilidad de los partidos políticos en el país se debe, quizás, y en esto tal vez no coincida con los expertos, al hecho de que siempre andan en busca de un líder que o bien los represente, o bien los oriente. Toda representación implica una distancia entre aquello que es la representación y eso que es representado. Todo aquello que necesita una orientación, por lo general, está desorientado.  El tamaño de la distancia del primer caso, por lo general coincide con el rango de desorientación del segundo caso. Así, lo que suele llamarse la base política está corrientemente distanciada de sus líderes y, tal vez por ello, desorientada.

“Crisis” es tal vez la palabra más usada para referirse al devenir histórico de la política y la sociedad colombianas. No existe un texto sobre el tema que no pase por allí, al punto de convertirse en un lugar común en muchos textos, lo cual, sin embargo, no le resta capacidad analítica. Al respecto sólo tengo un comentario y es la regresión ad infinitum en la que está inmerso dicho análisis, bajo el supuesto de que la modernidad misma es una crisis perpetua. La crisis de la crisis de la crisis… etc. Al referirme al papel de lo que se llama la base política, considerando que la situación de “distanciada y desorientada” sea cierta, estoy buscando alejarme de la democracia representativa, cuyos vicios ya conocemos. La designación de nuestros gobernantes, dentro de la democracia representativa, no ha logrado esquivar los vicios de ésta. Uribe Vélez se mostró como el menos distante y como el mejor líder, pero ahora sabemos que las apariencias engañan, y que estar cerca de la gente cada semana, no es garantía de nada. Para los conocedores, la democracia deliberativa y unos valores políticos no individualistas serían la solución. Pero las leyes no se cambian con la razón, y la historia tiene demasiada fuerza, para que los valores sean cambiados en el corto plazo.     

         

Este pesimismo sólo demuestra una cosa. No importa quién sea el próximo alcalde, ni cuan altos sean sus principios morales, el problema real de la ciudad y del país es la democracia representativa. 

Democracia de Víctimas

La aprobación de la ley de víctimas nos revela la esencia de la democracia colombiana, no una democracia de ciudadanos sino una democracia de víctimas. En Colombia, la ciudadanía parece haberse construido a partir de la victimización. La ley de víctimas puede ser un intento de reconocer este hecho. Pero este hecho encierra una contradicción en sí mismo. Por definición un ciudadano es un individuo que tiene una serie de derechos y deberes toda vez que se reconoce inmerso en una determinada institucionalidad. La pertenencia a la ciudad le otorga una serie de protecciones específicas que difícilmente podría tener por fuera de un ordenamiento o una institucionalidad, y en esto radica su ciudadanía y sus obligaciones como ciudadano. Usualmente se llama “víctima” a una persona que ha perdido una buena parte de tales protecciones, y que por tal razón ha sufrido, por lo general en su cuerpo, cierto tipo de violencia; así este cuerpo ha sido por lo menos desarraigado, maltratado, enfermado y callado. También es probable que se haya atentado en tal violencia contra las bases de sus creencias y convicciones más profundas y que por tal motivo se encuentre en una especie de limbo cultural. Con estas condiciones presentes, no se puede pensar la democracia en los mismos términos en los que se piensa en sociedades (tal vez ideales), en las que los ciudadanos no han construido su ciudadanía a partir de una serie de privaciones. Ser ciudadano quiere decir contar con la protección de la ciudad, de la ley. Ser víctima entonces es la cara opuesta a aquella situación, estar desprotegido. ¿Qué sentido puede tener hacer parte de la ciudadanía si tal pertenencia no implica la imposibilidad de ser víctimas?

Al vérnoslas con el concepto de víctima, nos enfrentamos a dos binomios de interés. El primero de ellos es el que se establece entre víctima y no-víctima. Esto establece una diferencia entre dos clases de ciudadanos (unos plenos en garantías y libertades y otros apenas de nombre). La ley de víctimas pretende en primer lugar el reconocimiento de quiénes son las víctimas. En segundo lugar promueve la restitución de su ciudadanía y por tanto el restablecimiento de esa condición básica de la democracia. Acá, en términos rawlsianos se está cumpliendo con el principio de diferencia, cuando a los menos beneficiados les son devueltos sus derechos por medio de un esfuerzo colectivo de los no-víctimas. Esto, en sí mismo, también procura el desarrollo de la igualdad.  Pero cuando consideramos el segundo binomio, en el que nos enfrentamos a la relación entre víctima y victimario, tenemos un problema mayor. La mayoría de víctimas lo fueron de algún “alias”, desconocieron el nombre de su agresor. Y cuando sabían algo apenas conocían su nombre genérico. La pérdida del alias, la recuperación del verdadero nombre del agresor conlleva beneficios para las víctimas. He aquí el punto por donde empieza a tejerse la verdad y a descubrirse la reparación. El derecho a la verdad, por más abstracto que ello pueda ser, y por más inentendible que resulte está contemplado en el art 23 de la ley. Responde a la asociación teórica entre verdad y dignidad y procura que no se repita la victimización. ¿Pero cuál verdad? ¿Cuánta verdad necesita una democracia como la colombiana para funcionar?¿Cuánta reparación requiere nuestra institucionalidad? ¿Cuánta dignidad requiere nuestra persona moral para recomponerse dentro del reino de los fines?  

Cuando hablamos de ley de víctimas también hablamos de víctimas de la ley. Es importante rememorar aquella costumbre campesina de referirse al personal de la policía como “la ley”. Las víctimas son víctimas de la ley cuando ésta no funciona o cuando funciona parcializada, o cuando directamente se convierte en victimaria. Sin duda las agresiones a la ciudadanía provienen de múltiples actores pero la ley sólo reparará las de aquellos delitos que se relacionan directamente con el conflicto armado. Las demás víctimas, las del modelo educativo, o del modelo de desarrollo o del modelo de justicia, o del modelo de salud, las víctimas de la pobreza en general seguirán desamparadas.   

La traición política

La lealtad no es un tema estricto de filosofía política, sino de filosofía moral, pero se encuentra en la base de muchas de nuestras relaciones cotidianas. En la estructura de todas las organizaciones ha de incluirse si se quieren propósitos medianamente exitosos, ya sean éstas familias o partidos políticos, equipos de fútbol o empresas innovadoras. Al pensar en la lealtad, se me ocurre que la comprendemos mejor enlazando algunos ejemplos de traición que hemos presenciado ante nuestros ojos, y que, alcanzo a pensar, definen una buena parte de la historia política de nuestro tiempo. Mis ejemplos en este caso son el presidente Santos, el exsenador Petro, y los guerrilleros que se desmovilizan o que venden a sus superiores. Cuando hablamos de traición, reconocemos de inmediato la falta de lealtad y la falta de fidelidad. Estos dos valores ausentes, por una parte, dan un matiz sorprendente al panorama político por cuanto siempre suceden cosas que sólo la traición explica; y por otra, nos libran de peores consecuencias, toda vez que la traición desarticula, en ocasiones, esquemas de acción de corte inmoral e irresponsable: lo que no quiere decir que se justifique la traición, sino que apenas adquiere valor en el hecho último y por causa de la buena suerte de un resultado benéfico.

Ya es sabido por todos que el presidente Santos rompió los huevitos que le encargó su antecesor y los reemplazó por otros, bien, creyendo que nadie se daría cuenta, o bien con la intención de que todos nos diéramos cuenta. Si bien está recogiendo algunos frutos de lo sembrado en el gobierno que le antecedió, ya sabemos que en aquél se sembraron multitud de malas semillas, cuyos engendros deambulan hoy por campos y ciudades; el principal de ellos, es la pérdida del sentido moral que se intentó construir con la constitución del 91. Se perdió este sentido y lo vemos en que al menos en la “época del terrorismo” se conservaban algunos valores, buenos o malos -no viene al caso juzgar-; mientras que hoy, en la “época de la seguridad democrática” hay que horadar muy profundo para encontrar algún valor. La estrategia fue simple, desmoralizar a los ciudadanos, entregándoles a cambio de su sentido moral el sentido de la seguridad. Obviamente y dada la asociación entre seguridad y armas, el ciudadano sólo se siente seguro si tiene un arma en sus manos. Ante semejante panorama, y siendo el actual presidente más liberal que uribista, tuvo que traicionar a su antiguo jefe, entre otras razones porque la seguridad no sabía nadar y se fue inundando con el invierno. Haber perdido el sentido moral, aunado a la falta de principios de muchos funcionarios de la anterior administración, explica la delincuencia y la corrupción generalizada. Si este gobierno quería administrar algo, y hacer otra cosa que perseguir delincuentes y bandidos tenía que echar atrás algunas cosas, develar algunas “ausencias” de recursos, y esto aunque el método administrativo no haya variado. Para poder recomponer un poco la falta de principios no basta con cuestionar su ausencia, sino que hay tareas inmediatas, como la de devolverle el significado a la vida de muchos colombianos. La pérdida de sentido moral es un elemento paralelo a la pérdida paulatina de significado de la vida. Si bien la política no tiene por sí sola la capacidad de devolver tal significado, su desarrollo si representa una gran ayuda. Una mejor ejecución de los recursos públicos, una ejecución no corrupta impondrá mejores resultados en términos semánticos para la vida de las personas. En este sentido la reconfiguración próxima del poder local, si es cierta la hipótesis de la desintegración nacional del paramilitarismo, mostrará una pluralidad nunca antes vista, aunque seguramente de un semitono que muestra su ascendencia delictiva y su principio de acción: traicionar siempre que sea posible.  

Pero de esto no se escapa la mal llamada oposición que ahora quiere co-gobernar. Me refiero al caso del exsenador Petro, quien ha mostrado que su principio de acción es el mismo de la mayoría. Sólo se puede llamar traición a lo que hace quien, ante un problema al interior de su familia, se va a dormir con la vecina o el vecino y a hablar mal de una problemática de la que seguramente es causa. Traición, en el más humilde de los significados es el incumplimiento de la palabra empeñada. Sólo que cuando hablamos de una colectividad, la sujeción de la conciencia individual a la expresión colectiva, conlleva el respeto al pronunciamiento colectivo. Si la democracia se funda sobre la traición y el irrespeto fundado en la usurpación de funciones judiciales, no quiero imaginarme que será lo no-democrático. Petro ha anunciado su postulación a la alcaldía de Bogotá, cuando se esperaba que apoyara al concejal de Roux en su aspiración. Así como denunció a sus copartidarios con la intención de ganar indulgencias con el electorado por su honestidad, desconociendo inocentemente, que el electorado, uribista en su mayoría, no estima tanto la honestidad como la condescendencia, ha traicionado a uno de los pocos que lo apoyaban desde el interior del Polo.

Pero las traiciones desde el interior, y en esto sí se hace más evidente la tendencia traidora, son más frecuentes en la ya casi inexistente insurgencia colombiana. La derrota principal a los llamados terroristas si bien no se dio militarmente, se ha dado moralmente. Muy pocos hoy en día son capaces de defender tal causa como justa o justificable. Y al interior de la organización ha germinado con éxito la semilla que plantó la ideología de la seguridad: la traición. Desde entonces no hay principios que valgan ni lealtades que no estén sujetas mediante la fuerza. La traición es el enemigo principal para ellos el día de hoy. Cualquiera que tenga información, por ignorante o raso que sea puede venderla al enemigo. Si la información es suficiente, la traición le acarrerá al traidor una nueva vida en alguna ciudad europea, el principio de oportunidad, y el mal más grande para los demás, la desconfianza total.

Cuando una sociedad organizada pierde la confianza, lo ha perdido todo. Lo que se llama contrato social, es en realidad una pauta generalizada de confianza, y cuando esta se rompe, empezamos a vivir en el estado de naturaleza. Desconfiamos del vecino, y del transeúnte, y ellos desconfían de nosotros. Sólo confiamos mediados por la fuerza, y por lo general la que engendra las armas. No confiamos tampoco en los gobernantes, toda vez que tampoco ofrecen muchas razones para hacerlo.  Al perder la confianza hemos perdido la palabra. En esta medida, hemos perdido lo que realmente nos hace humanos, hemos traicionado nuestra humanidad y se le ha restado una gran parte del significado.

                        

Cultura política y tecnología: El gobierno en línea en cuatro municipios de Santander

Quiero mostrar en este texto que la transformación de la cultura política y de la administración pública propuesta de la mano de la tecnología, con la implementación y puesta en marcha de la estrategia de gobierno en línea, se enfrenta a cuatro problemas: el primero se encuentra en  el relevo generacional, el segundo se enmarca en la compleja relación entre centro y periferia, el tercero se refiere a los límites del modelo propuesto y el cuarto, en alguna medida, que es producto de la confluencia de los anteriores nos dice que la estrategia se propone una cosa pero logra otra. Apenas apunto algunos elementos para la solución de esta múltiple problemática y tal vez cometo el error de generalizar una situación particular. De algún modo este texto es descriptivo y apenas logra dar cuenta de la situación de estos municipios.

La Estrategia de Gobierno en Línea Territorial

Durante el año 2009 el Ministerio de Comunicaciones, hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones adelanta mediante contratos con uniones temporales la implementación de la estrategia de gobierno electrónico a nivel territorial en los términos del Decreto 1151 del 2008 y del Manual de Gobierno en Línea vigente a la fecha. Desde el año 2000 y en cumplimiento del acuerdo de la Sociedad de la Información se había llevado a cabo una Agenda de Conectividad que buscó llevar el internet a cada municipio del país. Los resultados de la experiencia nacional son por todos conocidos, pero los resultados de las experiencias particulares se ocultan detrás de los éxitos de la conectividad. Con variaciones entre municipios con mayores recursos y con mayores posibilidades de acceso a las capitales departamentales o de provincia, el proceso podía llamarse exitoso: cada municipio del país contaba en el 2009 con un sitio web municipal, un computador y con al menos un punto de acceso a internet de manera gratuita. Además de esto contaba cada entidad territorial con una orientación estratégica que definía cinco fases para desarrollar entre los años 2008 y 2012.  Desde un determinado punto de vista sería un éxito, pero mirando cuidadosamente, no es más que un desastre.

El contexto

En el Departamento de Santander, la mayoría de sus municipios pertenecen a la categoría 6 según clasificación del DANE. Los cuatro municipios objeto de estudio en este texto son categoría 6 y en términos demográficos el que posee el territorio más grande y la mayor población no alcanza a tener 12000 habitantes. El más pequeño de los cuatro municipios tiene apenas escasos 2800 habitantes. El departamento de Santander está dividido en provincias y estos municipios corresponden a dos de las que están ubicadas al sur, la provincia comunera, donde se ubican Simacota y Contratación, poblaciones que giran económicamente en torno al municipio del Socorro, y Charalá y Encino, los cuales se articulan con el municipio de San Gil. Con la información recopilada durante mi estancia de seis meses en estas poblaciones me he permitido considerar hasta qué punto se han dado transformaciones en la administración pública y en la cultura política, con los recursos que brinda la tecnología. Estos cuatro municipios objeto de análisis en este texto no se encuentran realmente apartados de la capital departamental o de Bogotá; apenas 6 o 7 horas de viaje por carretera sin pavimentar, con derrumbes frecuentes y con escasos medios de transporte. Pese a ello este tipo de municipios son el punto medio entre las zonas del país comunicadas por autopistas de alta velocidad y zonas sin vías terrestres.

El relevo generacional

El primero de los inconvenientes que encontré de manera común en los cuatro municipios fue el del relevo generacional. Resulta que no existe una coincidencia clara entre aquellos que manejan la tecnología con un adecuado grado de desarrollo en las diferentes poblaciones, y aquellos que gobiernan. No son los jóvenes los que gobiernan, ni son los adultos los que manejan la tecnología. Los jóvenes no gobiernan, y de hecho participan poco de la vida municipal, porque como condición común a los cuatro municipios, las oportunidades de empleo son escasas, y las de formación posterior a la educación secundaria son prácticamente inexistentes. De manera que los estudiante de bachillerato que se gradúan, que ya de por sí son pocos, terminan yéndose de la población. De hecho, en los dos pueblos más apartados la mayor parte del equipo de gobierno no era originaria de la misma población. Y el número de habitantes en al menos uno de eso municipios, antes que aumentar se ha visto disminuido por el éxodo de jóvenes hacia ciudades mayores en busca de empleo.

Al momento de mi arribo a las poblaciones, ninguna tenía problemas con grupos armados al margen de la ley. Los problemas más urgentes de los municipios, sin obviar las particularidades eran el cumplimiento de sus planes de gobierno y la consecución de recursos a nivel departamental y nacional para el desarrollo de obras de importancia, que generaran empleos e impidieran en alguna medida el éxodo de su juventud.

Con la no coincidencia entre quienes gobiernan y quienes son apasionados por la tecnología no digo que los adultos no tengan la capacidad de aprender a usar los computadores, sino que el proceso tarda un poco más y en todo caso siempre va a ser más lento. Si consideramos que hay al menos tres niveles de conocimiento digital que deben ser alcanzados por los gobernantes para habilitarse en el uso adecuado de la tecnología, vemos que el proceso va a tomar más tiempo que el estipulado por el gobierno central. Un gobernante local debe manejar las diferentes herramientas de ofimática, adicionalmente debe saber desenvolverse en el uso de internet y por último debe estar en capacidad de utilizar los aplicativos que la estrategia de gobierno en línea ha diseñado desde el nivel central.

Los jóvenes, como he mostrado arriba, escasean y en virtud de ello no gobiernan. No hay procesos fuertes iniciados para promover el interés por la vida política local, y su manejo de las tecnologías es pobre o nulamente empleado al servicio de la administración pública. Este es el primer problema, pero se une a uno de mucha mayor envergadura y que tiene relación directa con el desarrollo de las tecnologías y con el estímulo negativo al uso de las mismas a la hora de gobernar. 

La incongruencia centro-periferia

La principal queja recibida de parte los funcionarios de las administraciones locales, es que la política de conectividad así como la estrategia de gobierno en línea estaba pensada sin comprender la obvia y clara relación entre el centro y la periferia. Esto quiere decir, que los funcionarios se quejaron de que las políticas se diseñaban en Bogotá, pensando que todo el país era como Bogotá o que contaba con recursos como los que se podían encontrar en Bogotá. El primero de ellos es el fluido eléctrico, que en muchas ocasiones falta en las localidades más alejadas. El segundo es la conectividad, que en ningún momento era la misma a la que se tenía acceso en Bogotá, entre otras porque la empresa estatal que proveyó el servicio inicialmente por tres años de acuerdo a la estrategia, había ido reduciendo el número de horas en las que brindaba conectividad y el número de equipos con tal conectividad no eran más que dos y el servidor. Ninguna empresa privada hasta la aparición del internet inalámbrico de las empresas de telefonía celular se había interesado en tan pobres mercados. De manera que no contaban con la velocidad, ni los recursos para digitalizar documentos o imprimirlos. Adicionalmente muchas veces éstas son tareas que necesitan bastante tiempo de conectividad y por lo general requieren capacitación adicional. El tercer recurso con el que no cuentan es el humano, pues es escaso el personal con el que cuentan, llegando en ocasiones al extremo en el que un sólo funcionario asume las tareas que corresponderían a dos o tres y además tiene que ser su propia secretaria o secretario. Las vías de acceso están pobremente construidas y el transporte público es incipiente, en particular hacia los municipios de Encino y Contratación, a donde las rutas de buses o camionetas van una sola vez al día y se regresan al día siguiente en la madrugada. Además, hay derrumbes constantes en la vía, que en ocasiones dejan incomunicados a estos municipios.           

Aunque los cuatro municipios contaban con los mínimos requisitos para llevar una vida comunitaria, como son servicios públicos garantizados, centro de salud, médicos, presencia de la fuerza pública, profesores y otras instituciones, las diferencias empiezan a marcarse cuando se considera a profundidad el aspecto de las comunicaciones. En Encino, que es el caso en el que se podría estar más atrás en cuanto al desarrollo de la tecnología,  sólo existe un operador de telefonía celular, y hace poco que llegó. Los dos ejemplares de los periódicos que llegan allí son llevados gracias a que el rector del colegio se desplaza todos los días hasta una población vecina, de manera que la información a la que se tiene acceso sobre lo que acontece a nivel nacional es escasa. La conectividad en el colegio estaba garantizada para cinco equipos cuyo rendimiento era realmente pobre en comparación con lo que se necesitaría para el pago de una transacción básica, que se supone es la fase de la estrategia de gobierno en línea a desarrollar durante el 2010. Adicionalmente sólo existía un café internet con dos equipos, que según conversaciones con su administradora, su uso no iba más allá de la consulta de información, que es la fase más básica del proceso.

El municipio de Charalá estaba un poco mejor en aquella época, contaba con dos operadores celulares, y con al menos 7 sitios en donde había acceso a internet. Sin embargo sólo tres dependencias de la alcaldía tenían acceso a internet y estaba siendo subutilizado, pues el atraso en el uso de las herramientas dispuestas por la estrategia de gobierno en línea por parte de los funcionarios llegaba a más del 80%. Los ciudadanos en su mayoría no sabían de la existencia de tales portales en donde encontrarían información sobre su municipio, su administración municipal, la ejecución del presupuesto, la contratación y la posibilidad de crear espacios de debate de manera digital. Dadas las características de esta población los funcionarios más jóvenes empezaron a publicar su información y las de los demás robándole tiempo al ejercicio de sus funciones básicas. La mayoría de dependencias pasaron a tener conectividad y la ley los obligó a publicar toda la contratación. Sólo que el porcentaje de personas que accede a tal información es muy pequeño, y por lo general no hacen parte de los ciudadanos que viven en la población sino de aquellos que están por fuera. Con esto doy paso al tercer problema identificado:

Los límites del modelo propuesto

La estrategia de gobierno en línea busca hacer del Estado algo más eficiente, transparente y que preste mejores servicios. El proceso de hacer más eficiente al Estado viene desde finales de los años setenta y se corresponde con el desarrollo del neoliberalismo, lo cual tiene el mismo problema que tiene a nivel nacional: para que un modelo funcione debe estar dadas unas condiciones básicas. En este caso la eficiencia del Estado local depende de la capacidad operativa con la que se cuente, pero la introducción de cambios en las reglas de juego, el paso a la obligatoriedad del uso de las tecnologías, en vez de hacer más eficiente a la administración pública la ha hecho más lenta y menos eficiente, pues ha necesitado mayores recursos para capacitarse, para acceder a las tecnologías y para sobreponerse al aprendizaje continuo que representa el dominio de las tecnologías.

La transparencia que también es un fin del Estado, en este caso se articula con la capacidad de ver. Para que las acciones estatales locales resulten transparentes se necesitan procesos de capacitación de la población para que por un lado entiendan cómo es la reglamentación estatal frente a la ejecución presupuestal y por otro lado alcancen la capacidad de comprender en donde podrían esconderse la corrupción y otros delitos mediante el acceso que les brinda la tecnología.

Los mejores servicios, que en las grandes ciudades son casi una realidad, en estas pequeñas poblaciones están en un nivel más básico, que no busca tanto su implementación y adaptación a las regularidades electrónicas, sino su garantía. Contar con mejores servicios de  agua, alcantarillado, luz, y telefonía resulta más importantes que poder pagar los impuestos o poder escribirle un correo electrónico al alcalde que en todo caso siempre está dispuesto a atender a cada miembro de la comunidad. De manera que falta aún mucho para que estos tres fines se alcancen en el nivel territorial-municipal, al menos en sus primeras fases de información y de interacción, y se prepare a la población para las ya comunes operaciones transaccionales de la ciudad. Aunque algunos procesos seguramente han podido y podrían seguirse implementando en estos municipios sin mayores traumatismos, como el pago de la planilla asistida, el certificado judicial, los otros certificados de antecedentes.    

La participación ciudadana

El cuarto, y último problema en alguna medida, que es producto de la confluencia de los anteriores nos dice que la estrategia se propone una cosa pero logra otra. Si recordamos algunos de los principios de la estrategia de gobierno en línea tenemos que reconocer que no fomentan la participación ni la creación de comunidad de manera adecuada. Un Estado centrado en el ciudadano,  pero que además ofrece una visión unificada de sí mismo se presta para el totalitarismo. Por una parte no se orienta a la creación de formas comunitarias de trabajo o comprensión del mundo social, sino que se orienta a fomentar el individualismo, que tiene como excusa a la eficiencia y la escasez de recursos para invertir en tecnología y en aprovechamiento de tal tecnología. Por otra parte no permite ver al ciudadano que el Estado, pese a ser uno, en realidad está compuesto por múltiples ramas, todas diferentes y que se orientan a cumplir fines más altos que su propio desarrollo. Basta observar las páginas de estos cuatro municipios para darse cuenta que los órganos de control, el concejo municipal, la instituciones de justicia, las veedurías y otras formas de participación ciudadana tienen entre sí menos del 10% del espacio disponible para publicar información, monopolizándose la mayoría del mismo en la parte ejecutiva del poder municipal.     

Conclusión

Si en algún aspecto debería concentrarse la estrategia de gobierno en línea en los próximos años para lograr la tan anhelada fase de democracia, en la que gracias al uso de las tecnologías, se permita la construcción colectiva de políticas y toma de decisiones  es en la capacitación de la ciudadanía en el uso político de las nuevas tecnologías, la reorientación de los principios de la estrategia  de un Estado centrado en el individuo hacia uno centrado en los ciudadanos o las comunidades. Y en la formación en valores democráticos a la juventud, posibilitando las oportunidades en los propios municipios para la que migración no desintegre las razones del gobierno. Y para que la participación sea entendida más allá de la simple consulta individual de las ejecuciones presupuestales sin considerar su planeación.