La democracia vs los derechos

“Pequeña fábula: érase una vez una comunidad de ovejas que hicieron una votación para definir si les convenía o no la decisión de los lobos de volverse vegetarianos.”

Contrario a lo que se nos enseña en la academia, según lo cual en toda nación donde hay democracia hay un número alto de derechos humanos, en Colombia la democracia parece ir por un camino distinto al que transitan los derechos. Y eso a pesar de que se pensaba que, con la salida del uribismo del ejecutivo, la caída del país hacia el autoritarismo se detendría. La contradicción que señalo es una reedición del viejo problema de oposición entre democracia y constitucionalismo. Argumento en estas líneas que la disonancia entre democracia y derechos en Colombia nos viene llevando poco a poco, y a pesar del proceso de paz, hacia un Estado aún más autoritario y hacia una ciudadanía con menos espíritu democrático.  

Los ciudadanos seguimos aceptando esta escisión y se ha metido tanto en nuestra cultura política y en nuestra concepción pública de justicia que hoy por hoy nos vemos abocados a definir en un plebiscito si queremos o no la paz. A mi entender, este tipo de decisiones no deben someterse a las mayorías, pues para eso se ha establecido de antemano un gobierno y unas disposiciones constitucionales. Quiero discutir acá los motivos por los cuales se busca que la paz sea aprobada por votación popular. Resulta inverosímil que haya ciudadanos capaces de oponerse al bien en grado sumo que resulta ser la paz. La apuesta del gobierno es disputar en las urnas la última palabra sobre este tema, aún a riesgo de perder, dada la baja aceptación que tiene el gobierno de Juan Manuel Santos por estos días, pero a sabiendas de que posee un as bajo la manga, un plan b, como lo han argumentado varias personalidades políticas a lo largo de este año.

Acá entonces sale a la luz una pregunta: Si no es necesario el plebiscito para la firma de la paz, entonces ¿cuál es la razón de la realización del mismo? Razones puede haber varias: complacer a las FARC que lo solicitaron en la Habana durante las conversaciones; revestir con un manto de legitimidad a todo lo que se acuerde, con el ánimo de que ningún gobierno posterior se disponga a echar atrás lo acordado; hacer creer a los colombianos que participaron en la construcción de la paz; dar un origen “democrático” a las decisiones que se tomen en adelante. Pero hay a mi parecer una estrategia profunda, que los negociadores de las FARC, en su ánimo de paz, quizá no alcanzaron a ver: el de echar atrás los derechos. Sabíamos, por la teoría constitucional, que toda norma se somete al cumplimiento irrestricto de lo establecido en la constitución. Pero también sabíamos de la ambigüedad de la Constitución del 91, indecisa entre la concesión de derechos y la adopción del neoliberalismo.

El estallido de la guerra narco-paramilitar de los años 90, y la irrupción de los EEUU en Colombia, con su doble lucha anti-drogas y antiterrorista a principios del siglo, a cambio de Libre Comercio, consolidaron esa línea de pensamiento que hoy llamamos “uribismo” y que ya se estudiado hasta el hartazgo. Quienes se identifican con este pensamiento le hacen el juego autoritario al mayoritarismo, es decir, piensan que al ser una mayoría, por ese simple hecho, poseen la verdad. Por eso, se juega el destino de la paz en las urnas, donde, además, las distintas corrientes políticas medirán sus fuerzas. Pero, más allá de esto, está la idea de que todos los derechos se pueden someter, de nuevo, al criterio de las mayorías, como si la razón y la coherencia no jugaran ningún papel en la configuración de las sociedades democráticas.

Ahora decidiremos en referendo si de verdad tenemos derecho a un medio ambiente sano, al agua potable, o a la conservación de nuestros ecosistemas; asimismo se discutirá si eso de la cadena perpetua está mal o está bien, si los homosexuales deben tener o no derechos iguales a los demás, entre otras iniciativas. Cuando se pensaba que la Constitución garantizaba la autonomía territorial y la descentralización, aparecieron los grandes proyectos minero-energéticos a crear el conflicto entre lo nacional y lo  local, y los tribunales a tratar de mediar. Por ello se les preguntará a los ciudadanos si desean o no un ambiente sano, o si desean la guerra o no. En mi opinión ninguna de esas cosas debería preguntarse y mucho menos ponerse en discusión, pues es lógico que tenemos derecho a la paz y a un medio ambiente sano. Discutirlo, o ponerlo a votación trae como consecuencia que podríamos, entonces, poner a decidir por mayoría la aplicación o no de cualquier otro derecho. El gobierno descartó de primera mano la posibilidad de aplicar la Constitución, ya que le conviene más la idea de que haya decisiones mayoritarias en cada caso, aprovechando las debilidades de nuestra democracia, puesto que la paz y la destrucción del medio ambiente se tocan en algunos puntos relacionados con la prosperidad económica.       

Sabemos que los lobos nunca dejarán de ser lobos, pero los colombianos no somos simples ovejas. Ganaremos la paz en las urnas y también protegeremos el medio ambiente y las demás libertades o derechos que nos intenten arrebatar

Foto tomada de: Praxis Socialista  

Aquí nunca pasa nada

Es posible que en toda América Latina y, particularmente en Colombia, el ciudadano promedio haya olvidado que él es el protagonista de su propia historia y que cuando dice “que no pasa nada”, no hace más que expresar que él mismo no ha hecho nada. Lo anterior ocurre por muchas razones, en particular por el efecto del ejercicio del poder. Cuando alguien caracteriza el ejercicio del poder en su ciudad de residencia con la expresión “aquí nunca pasa nada” esa palabra “nada” está plena de significado. Esa “nada” representa la emoción política por excelencia de la sociedad colombiana, o bien el nombre clave que se aplica a la falta de emociones políticas de nuestra peculiar democracia, o a su completa suspensión, con las consecuencias que ello trae para el progreso de la nación.

LA POLÍTICA TAMBIÉN ES UNA CUESTIÓN DE EMOCIONES

El concepto de emoción política ha salido a la luz recientemente gracias al trabajo de la filósofa norteamericana Martha Nussbaum (Emociones Políticas, 2014), quien a su vez reconoce una larga historia del concepto, con particular desarrollo durante el siglo XX, con filósofos como John Rawls y con pedagogos como Rabindranath Tagore. Este concepto apunta al hecho de que los principios  políticos requieren para su materialización y su supervivencia de un determinado apoyo de carácter emocional, que les procure estabilidad a lo largo del tiempo (Nussbaum, 2014, p.15). Lo anterior bajo el entendimiento de que ese tipo de emociones públicas tiene consecuencias de gran escala para el progreso de la nación en la consecución de sus objetivos (Nussbaum, 2014, p.14). Así, el cultivo de dichas emociones sirve a las naciones como protección frente a la división y la jerarquización cuando se logran los sentimientos apropiados de simpatía y amor (Nussbaum, 2014, p.15).

Según la filósofa norteamericana también algunas emociones sirven para controlar ciertas fuerzas que acechan en todas las  sociedades y aún en el fondo de  nosotros mismos, “esa tendencia a proteger nuestro frágil yo denigrando y subordinando a otras personas” (Nussbaum, 2014, p.16). Cada quien evalúa el mundo desde su propio punto de vista y por consiguiente desde lo que ese quien considera que es una vida que vale la pena. Se llora la pérdida de las personas que nos importan, pero no la de las que son extrañas para nosotros. Se temen los daños a los que nos arriesgamos nosotros mismos y aquellas personas que nos importan, pero no los terremotos que pueden ocurrir en otro planeta. Las personas que suscitan hondas emociones en nosotros son aquellas con las que estamos conectados a través de nuestra imaginación de lo que es una vida valiosa, insiste la autora (Nussbaum, 2014, p.25).

La preocupación por el sentido de nuestras vidas cobra vigencia en el argumento de Nussbaum, y también en el nuestro, puesto que tenemos que definir si en dicho sentido se incluye a todos nuestros conciudadanos o sólo a nuestros vecinos y amigos, y en qué forma. La construcción de sentimientos puede marcar el cambio de una época, así como señala Nussbaum que sucedió en la transición del feudalismo a la democracia liberal (Nussbaum, 2014, p.33). Los individuos empezaron a sentir una forma de amor al país, a esa idea de Estado-nación que surgió, producto del dolor y la sangre derramada en centenares de guerras. El amor a la humanidad empezaría mucho más tarde, cuando se hizo evidente que algunos Estados tenían la capacidad de destruirla por completo y a pesar de eso hoy en día esas muestras de fraternidad son escasas. La apuesta de filósofas como Nussbaum conlleva a ampliar realmente el sentido de la fraternidad hacia los pueblos más alejados o más diferentes del nuestro. Sin duda el problema está en el sistema económico mundial, uno de cuyos rasgos paso a describir a continuación: el individualismo radical.

DEL INDIVIDUO A LA NADA

Si siguiéramos a Nussbaum o a muchos otros pensadores que incluyen la empatía por el más amplio rango de seres humanos en la idea de lo que es una vida buena, o de lo que es ser feliz, seguramente muchas de nuestras decisiones serían diferentes. Pero somos víctimas del individualismo radical. Llamo individualismo radical a la consecuencia directa de tratar siempre a los demás como medios y nunca como fines, no tanto en el sentido amplio en el que lo usa Paulette Dieterlen (1990). Y este tipo de individualismo se impone en muchas sociedades liberales donde los efectos del colonialismo, o del imperialismo se sienten con mucha fuerza. Allí algunas personas afortunadas han logrado obtener un determinado bienestar económico y se encuentran hoy en día en unas condiciones excepcionales respecto a la mayoría de la población. A grandes rasgos se puede señalar que su relativo éxito económico se convierte en el modelo para los menos beneficiados de entre sus vecinos. Ese “convertirse en modelo” elude la consideración de si en su camino tuvo o no que pasar por encima de otras personas, de si tuvo que usarlas como medios, ya sea explotándolas o usurpándoles sus bienes, ―eso no viene al caso cuando del individualismo radical se trata―.

Ahora bien, más allá del problema moral que implica tratar a los demás solo como medios, es claro que aquí nace el principal problema de la política. Desde Aristóteles se ha comprendido que el ser humano se realizaba en el ámbito público, cuando su voz podía ser escuchada en la asamblea y podía tomar parte en las decisiones que le afectaban directamente o a aquellas personas que hacían parte de lo que hace valiosa la vida. Pero con el auge del capitalismo, y en particular su recalcitrante forma neoliberal, ya el individuo no se siente parte de nada. Inclusive piensa que las decisiones políticas son tomadas en su contra y que por mucho que haga no puede incidir frente a lo que sus gobernantes deciden. De hecho, la participación ciudadana en la democracia se ha reducido a la asistencia a las elecciones. La apatía ciudadana por la política ha alcanzado cifras extraordinarias en países como Colombia. La política en este país no emociona a la gente, lo que implica que participar o no, no se encuentra dentro del significado de vida buena de los colombianos. De manera que, avanzando en esta línea de pensamiento, encuentra uno conclusiones en los ciudadanos como las siguientes: “gane quien gane, a mí me da lo mismo, el lunes tengo que seguir trabajando”; o “yo no gano nada si queda este político que usted apoya” o “cuando él esté allá se va a volver igual de ladrón que los demás”, “todos los políticos son iguales”.

De modo que esa nada a la que me refería anteriormente se constituye acá como una emoción. “Nada” es la respuesta del ciudadano de a pie a la pregunta por cual es la emoción que siente cuando alguien le habla de política. A veces las personas se sienten atraídas por ciertos políticos que prometen soluciones rápidas y eficientes a los problemas del país, y que tal vez despiertan emociones dormidas, pero aquí el problema es que no son emociones respetables, o al menos muy pocas personas desearían vivir en una sociedad donde la fuerza de las instituciones provenga del odio o el asco hacia ciertas personas.

PARTICIPACIÓN

En Colombia muy pocas personas participan en política. La mayor parte de dicha participación se da el día de las elecciones. Muy pocos se vinculan a un partido político, quizá por la historia de sangre que ha habido en Colombia desde comienzos de la república y en particular durante la conocida época de  La Violencia. También puede ser a causa de la escasa democracia al interior de los partidos políticos, donde se da más una confluencia de empresas electorales que la verdadera configuración de lo que es un partido político. Tampoco se hace control ciudadanos o partidista a los gobernantes o representantes elegidos, y esto, como consecuencia del mismo diseño institucional, hace que luego de elegido un representante o gobernante sea prácticamente inaccesible para su elector. Son muy pocos los casos en los que los mismos votantes inciden en las propuestas políticas de un representante.

El Latinobarómetro (2013), que mide la opinión pública en los países de Latinoamérica, muestra cómo en Colombia, el apoyo a la democracia ha subido un poco en los últimos años. En especial en el marco del proceso de paz, ha crecido el número de ciudadanos encuestados que prefieren mayormente la democracia a cualquier otra forma de gobierno. No sucede así en toda América Latina y hay claras diferencias dependiendo la educación recibida y la edad. Según este documento el apoyo a la democracia es más alto cuanto más años de educación superior haya cursado el ciudadano (Latinobarómetro, 2013. p.24). Asimismo son más demócratas aquellos a quienes les alcanza el dinero para ahorrar o les alcanza justo para llegar a fin de mes, mientras que a los que no les alcanza y tienen grandes dificultades, apoyan menos a la democracia (Latinobarómetro, 2013. p.25). Como bien lo dice el informe los estudios de opinión no pueden determinar el sentido de la relación, pero hay una relación entre la democracia y la pobreza, “sin comida es más difícil ser demócrata” (Latinobarómetro, 2013. p.27). Y aunque se prefiera la democracia a otro tipo de regímenes, un gran porcentaje de los ciudadanos de América Latina no está satisfecho con el régimen, y de hecho se encontró que un porcentaje significativo considera que es posible tener democracia sin congreso y sin partidos (Latinobarómetro, 2013. p.33).

Muy pocos ciudadanos hablan de política con frecuencia pues las formas convencionales de participación no logran entusiasmar a los ciudadanos en el proceso de consolidación de la democracia. Tampoco la participación política convencional, pues temas como firmar una petición, asistir a manifestaciones o trabajar para un partido son actividades que cerca del 90% de la población no hace (Latinobarómetro, 2013. pp. 39-40).  La consecuencia directa de esto es que la mayoría de las personas cree firmemente que la política no sirve para nada, o si sirve es para unos pocos.

LA NADA QUE SÍ PASA

No estaría completo este análisis de la “nada” política, sin especificar su contenido. En términos políticos, cuando se dice “aquí nunca pasa nada” o bien se señala algo que no interesa a los ciudadanos por las razones expresadas arriba producto del individualismo radical, o bien se encubre algo que sí pasa y que no es fácilmente identificable, o de lo que no se puede hablar porque no hay pruebas o no hay cómo constatarlo. También puede ser que se reste toda la importancia a lo que pasa. De lo que estoy seguro es que las cosas que han pasado en Colombia son demasiado grandes para decir que “nada” ha pasado. Desde el silencio sobre la violencia que campea en muchas regiones del país, pasando por la corrupción, la desigualdad económica y la permanente destrucción del ecosistema, es técnicamente imposible negar que algo está ocurriendo.

La “nada” ha sido un tema central del existencialismo. En este texto he planteado esa nada política como la suspensión de la emoción política, esa que permitió la construcción de los Estados-nación y que nos lleva hacia el encuentro con las gentes de otros pueblos y naciones, de cara a los retos que representa la vida en el mundo contemporáneo. No se puede seguir en esta nada, hay que tomar conciencia de lo que está pasando y hacer algo para que deje de pasar, ya sea en términos económicos o ambientales. Las decisiones no pueden seguir quedando en manos de quienes han llevado a la gente a la apatía política ni de quienes convirtieron la política en algo que no es capaz de hacer nada para refrenar al impulso destructor del individualismo radical.

Referencias

Dieterlen, Paulette, “Liberalismo y Democracia” en revista Estudios. Vol. 22. Otoño, 1990. pp. 65-83. México. Disponible en http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras22/textos4/sec_3.html

Nussbaum, Martha, Emociones Políticas. ¿Por qué el amor es importante para la justicia. Paidós. 2014. p. 555

Corporación Latinobarómetro, Latinobarómetro, 2013, p.85, Santiago. Disponible en http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp

Aquí el artículo original https://revistacontestarte.com/aqui-nunca-pasa-nada/  

Una forma alternativa de elegir magistrados

Corresponde a la filosofía política el diseño de una alternativa o una salida cuando las instituciones existentes se desfasan,  pierden su naturaleza o fracasan; éste es el caso de las instituciones de justicia en Colombia. Fácilmente, quienquiera, puede deducir que también es el caso de la mayoría de instituciones. Muchas de ellas padecen del clientelismo y para acceder a sus cargos hay que apela al arribismo, al amiguismo, al favor político y solo en algunos casos al mérito (con los problemas que esto implica). En últimas, esta ‘estructura’  explica los casos de corrupción, así como la incompetencia plena de la administración de justicia para resolver con celeridad y en el marco de lo justo los distintos casos y problemas sociales que se llevan ante ella.

No podemos separar el sistema judicial de la manera en que funcionan las otras áreas de la democracia colombiana. Y en este sentido es claro que si el sistema de elección de quienes eligen posteriormente a los magistrados está viciado, habrá ciertamente una transferencia de dicho vicio. Nuestro modelo de democracia no garantiza la participación del más amplio número de ciudadanos, ni se preocupa porque lo hagan en condiciones de ilustración suficiente, por el contrario, le basta con abstenciones del 60% y con decisiones basadas en la publicidad y en los efectos de la demagogia, persigue la oposición, reprime la protesta social, permite la compra de votos y por ello no hay la más mínima condición de igualdad para la participación. De hecho, muchas personas creen que la democracia se reduce a las elecciones.

Pero la democracia también implica la tan mencionada separación de poderes y la idea de los pesos y contrapesos. En Colombia los magistrados de la Corte Constitucional son elegidos por el Senado, a partir de ternas que presentan el Presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Independientemente de donde proceda la terna los candidatos a magistrados tienen que hacer lobby con los congresistas, y esta práctica implica compromisos previos respecto a casos futuros. Cuando los magistrados deberían elegirse por su calidad, experiencia o capacidad académica, se eligen por la capacidad de prometer resultados a sus directos electores o a los patrocinadores de estos.

Los magistrados de la Corte Suprema son elegidos por la misma Corte y postulados por el ya decadente Consejo Superior de la Judicatura, lo que en teoría le da un poco de autonomía. Pero como no es necesario hacer parte de la carrera judicial para llegar a ser magistrado, es posible que se dé lo que en Colombia se ha conocido como ´la puerta giratoria’. Y esto ocurre tanto para ingresar a las Cortes como al salir de ellas, pues los cargos no son vitalicios, lo que permite que al finalizar el periodo de magistratura se acceda a cargos con mejores remuneraciones, ya en otros cargos del sector público, ya en cargos del sector privado.

Los seres humanos titubean entre el azar y el determinismo. Algunas cosas se prefieren bajo el mayor cálculo y predicción, de modo tal que no escapen al control de los agentes. Otras, se dejan al azar. La democracia es, en condiciones puras e ideales, una cuestión de azar, pues no es fácil determinar con anticipación la decisión de cada votante, y cada hecho del acontecer nacional o local puede influir en la decisión final de este. Pero tales condiciones no existen, y en países con pobre formación política de sus ciudadanos, y con escasa mayoría de edad, es muy fácil para el político profesional organizar su estrategia y hacerse a la victoria con relativa facilidad siempre que cuente con los medios económicos y logísticos, es decir, sin dejar nada a la suerte. Y así, curiosamente, funcionan las demás elecciones.

Es por eso que pienso que el azar puede ayudar a que la elección o designación en los diferentes cargos sea más afín con las ideas de democracia, justicia e igualdad de acceso a los cargos que profesa la teoría del liberalismo político. Ya en la antigua Roma y en Grecia se designaban magistrados por sorteo, en la medida que el único requisito en ese entonces era ser ciudadano. En nuestros días podríamos añadir la necesidad de tener título de abogado y el hecho de no tener cuentas pendientes con la justicia.

Esta medida de designar a los magistrados por sorteo, entre un grupo de interesados y calificados (lo que implicaría tal vez su pertenencia a la carrera judicial), superaría en cierta medida los excesivos impedimentos y la lentitud del sistema meritocrático (así como su estructura profunda de exclusión), y superaría por completo los vicios de elección que existen actualmente. Habría que hacer los cargos vitalicios y pasar de una sociedad de apáticos políticos a una de mayores de edad en términos kantianos.  Los controles sobre el ejercicio de las funciones de estos magistrados podrían ser ejercidas en los mismos términos en que se ejercen actualmente. 

Nota: La creación de una supercorte sólo me hace pensar en quién controlará a dichos supermagistrados y en quién los designará.

La paz de las mujeres

Sé que hay varias referencias recientes al respecto, y en particular frente a la coyuntura que vive Colombia, pero por el momento me permito obviarlas. Parto del supuesto de que las mujeres poseen un entendimiento más profundo de lo que es eso que llamamos “paz”, dado que responden a una serie de virtudes que son más difíciles de alcanzar para los hombres que a ellas. Simone de Beauvoir denunciaba ya en su época que a la mujer se le había asignado históricamente el papel de “la inmanencia”, mientras que el de la “trascendencia” había quedado en manos de los hombres. Esta denuncia puede mantenerse en Colombia hoy en día.

Pese a los esfuerzos de la Mesa de Conversaciones de la Habana por incluir a las mujeres y a sus temas en los diferentes puntos de la Agenda, es mi percepción que las conversaciones siguen siendo un tema de hombres, así como la guerra fue siempre un tema de hombres, es probable que, en consecuencia, tengamos una paz entre hombres, una paz patriarcal. Lo complicado de este tipo de paz se manifiesta de dos formas, la primera es que las mujeres son las víctimas principales puesto que la guerra, prácticamente, se libró sobre sus cuerpos; la segunda es que una paz con las mujeres, o mejor, una paz al modo de la mujer, puede ser una paz mucho más profunda y duradera.

La paz sería mejor, creo, porque a la mujer se le da mejor el asunto del perdón: es capaz de perdonar al modo en que perdona la naturaleza, un perdón reconstructivo. Asimismo se le da mejor la tolerancia, una tolerancia transformadora. Y la mujer, en general, posee una memoria privilegiada. Memoria, perdón, tolerancia, son virtudes de la paz. El perdón reconstructivo es el que sana las heridas, no el que simplemente las oculta. Las mujeres son casi siempre más cooperadoras que competitivas, y esta disposición, sea natural o histórica, las orienta de sobremanera a la paz. Ellas tienen un sinnúmero de propuestas; desde mucho antes de que empezara este proceso, las mujeres ya estaban trabajando por la paz, no sólo enfrentando las causas materiales y evidentes, sino a todo ese mundo de microviolencias cotidianas, invisibles casi siempre, pero que pueden ser como la chispa que hace arder el combustible del conflicto.    

Un efecto de la paz de la mujer,  tiene que ser que ella no cargue sobre sus hombros, como lo ha hecho con la guerra, las consecuencias de la paz o los costos de la misma. La guerrilla ha sido muy proclive a destacar la igualdad de capacidades para la realización de tareas entre hombres y mujeres, pero poco ha dicho sobre la igualdad de realización de dichas tareas, ni de las diferencias, así como tampoco del goce de sus resultados, o al menos no, en lo poco que se conoce de su vida interna. El Estado por su parte es incapaz de llevar a la realidad la justicia, la administración, el bienestar, el reconocimiento y la participación de y para la mujer. Sus esfuerzos se quedan cortos, y el tratado de paz que se avecina, no incorpora mayores ventajas. Algunas feministas colombianas celebran que haya al menos un par de mujeres en la mesa de conversaciones. Pero no es suficiente. La paz debe desterrar esa idea de hombría asociada a las armas y al ejército.    

Desde los tiempos de Lisístrata (Aristófanes) las mujeres ya se preocupaban por el asunto de la paz.             

Desarraigo y viviendas VIP

Esta administración distrital y quizá todas las anteriores no se ha preguntado por el verdadero deber de la ciudad dentro del proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado. Tampoco se ha preguntado si es sostenible un crecimiento exacerbado y sin planificar de la población residente en su territorio. Por el contrario se ha dedicado a tratar de resolver los problemas que dicho crecimiento genera a diario. Amparada en sus ventajas económicas y en la idea de que las ciudades deben competir entre sí, Bogotá no se autolimita en su crecimiento, como si el agua o la movilidad no le preocuparan.      

Históricamente el crecimiento poblacional de Bogotá se explica como un producto vergonzante del desplazamiento forzado, consecuencia directa de la violencia que atraviesa la totalidad de la historia social y política colombiana (Molano, Alfredo, Desterrados, Crónicas del desarraigo). A mi parecer, esto ha creado una urbe compuesta mayoritariamente por desarraigados. Muchas ciudades crecen porque llegan a ellas habitantes que buscan nuevas oportunidades, en la nuestra llegan huyendo, buscando un escondite. Y esconderse no puede ser un sinónimo de habitar. Las formas de vida que se reconstruyen a partir de esta huida padecen la enfermedad del desarraigo.

Para Simone Weil el arraigo “es la necesidad más importante y desconocida del alma humana. Es una de las más difíciles de definir. El ser humano tiene una raíz por su participación real, activa y natural en la existencia de una colectividad que conserva vivos ciertos tesoros del pasado y ciertos presentimientos del futuro. Participación natural, es decir producida naturalmente por el lugar, el nacimiento, la profesión, el medio. Cada ser humano tiene necesidad de múltiples raíces. Tiene necesidad de recibir la casi totalidad de su vida moral, intelectual, espiritual, por intermedio de los ambientes de los que forma parte naturalmente"(Raíces del Existir, p.51).   

Ciudadanos que no pueden participar real ni activamente en la colectividad a la que se incorporan, ciudadanos que no pueden dar sus frutos por carecer de las raíces, padecen la enfermedad del desarraigo. Esta falta perjudica a la ciudad misma, destruye la necesaria cooperación entre sus integrantes y merma el potencial de la ciudadanía. No hay forma de saber si se puede curar el desarraigo o cuántas generaciones se necesitan para curarlo, pero en el ánimo de mantener vivas esas raíces y de participar en la reparación de las víctimas del conflicto, Bogotá debe repensar su papel.

El alcalde de Bogotá nos tiene acostumbrados a decisiones que apuntan más que a resolver problemas sociales a generar un impacto mediático. La prioridad del alcalde no está en la administración o en la gestión de la ciudad, sino en mantenerse vigente en boca de los medios, en hacer ruido, porque a fin de cuentas es este ruido y no la buena gestión lo que le permitirá a futuro obtener réditos políticos.

La despreocupación por el arraigo de los ciudadanos en Bogotá es un síntoma de la misma enfermedad. El alcalde de la ciudad gobierna desde el desarraigo, para él es una ciudad adoptiva y apenas un escalón en su carrera política. Invitar a más personas a vivir en Bogotá puede convertirse en un desacierto. No participar en su retorno y promover su residencia permanente en la ciudad puede traer resultados contrarios a los esperados.

La idea de la reparación, al menos como se entiende en Colombia incluye el retorno a ese lugar donde naturalmente se tienen las raíces. A pesar del problema de haber iniciado acciones de posconflicto antes de terminar el conflicto la iniciativa es más que adecuada, cada quién debe vivir donde mejor pueda desarrollar su ciudadanía, es decir, ejercer sus derechos y libertades básicas, tarea que no es sencilla si se padece desarraigo. Esta enfermedad no sería tan grave si no se padeciera también, casi que por las mismas causas, un ambiente de desigualdad e inequidad.

Insulsas resultan las quejas de aquellos ciudadanos que se oponen al uso de los terrenos públicos en zonas de estratos altos de la ciudad para la construcción de las viviendas de interés prioritario cuando se esgrimen desde la característica intolerancia bogotana. Ahora bien, Bogotá posee suficientes ciudadanos con necesidad de vivienda que no son desplazados, o que al menos no lo son en esta última ola de desplazamiento y que de alguna forma necesitan las condiciones básicas para garantizar la satisfacción de esa necesidad del alma de la que he hablado. 

El auge de la intolerancia

La muerte de un “habitante de calle” -Calidoso- causó revuelo en los medios colombianos hace unas semanas. Por una parte se especuló sobre los victimarios, bien una venganza personal, hipótesis que tomó fuerza y se confirmó, o bien el abuso de un grupo neonazi cuya presencia y hasta su patrocinio por parte de la Policía también fue noticia hace algunas semanas. Este hecho, directamente relacionado con un tema del que ya había escrito antes (Pseudociudadanía), y el tema siempre inquietante de la intolerancia, me ha hecho reflexionar sobre su auge en Colombia. 

Si bien se descartó la hipótesis de que la muerte de Calidoso hubiese sido producto de un ataque neonazi, no por ello se dejó de hablar en ciertos círculos de la “limpieza social” que se viene realizando por parte de este tipo de grupos contra los habitantes de calle y contra otras personas consideradas indeseables por algunos sectores de la sociedad. La existencia de grupos neonazis es un problema de orden público para las autoridades pero también es un problema cultural y político. No puede simplemente encasillarse como una de las subculturas colombianas, o como una de las expresiones juveniles, puesto que hay en ella grandes evidencias de intolerancia, por no hablar de que también hay delitos. Lo único intolerable es la intolerancia. 

Pero la intolerancia no es exclusiva de los neonazis, y por ello hay que enfrentarla donde quiera que surja. Poco a poco nuestra sociedad ha empezado a vivir una nueva crisis de tolerancia. Esto es producto, tal vez, del inacabable conflicto armado, o de la exclusión, o de la desigualdad o de la pobreza y en el mejor de los casos de la mala calidad de la educación. 

Los cristianos han vuelto a ser intolerantes, como en épocas de la inquisición o previas a la reforma protestante. Los liberales han olvidado la tolerancia y confluyen hacia un liberalismo económico, individualista pero ampliamente intolerante con lo que consideran indeseable. 

Los partidos que se dicen democráticos excluyen y no toleran dentro de sí expresiones de divergencia ni las menores contradicciones. Sexismo, homofobia, racismo, intolerancia religiosa, intolerancia política, intolerancia hacia otras fanaticadas, intolerancia al error, intolerancia a lo feo, intolerancia a lo bello, intolerancia a la música del otro, intolerancia a lo nuevo, intolerancia al otro y al espacio que ocupa son cada día más frecuentes en Colombia. Los titulares de todos los medios se llenan a diario con este tipo de eventos, y las soluciones parecen estar más lejos que cerca. La ley antidiscriminación desplazó el problema desde lo cultural hacia lo jurídico, pero allí tampoco se ha resuelto mucho. 

No se aprende la tolerancia por temor al castigo. E inclusive la simple tolerancia no es suficiente para la construcción de la ciudadanía. Adela Cortina se pronuncia en este sentido, la simple tolerancia no conlleva a la construcción de un colectivo, y sus límites aparecen cuando desde visiones del mundo diferentes, deseamos lo mismo. Ahí nos volvemos más intolerantes. Porque entramos en competencia, competimos por algo que es escaso. Hay que realizar una corrección de nuestros deseos. Y aquí es donde debe aparecer el tema de la justicia. Nuestra sociedad está llegando a límites insospechados de intolerancia como producto de las fallas en nuestras principales instituciones de justicia. 

Y para ilustrar esto vuelvo al caso de Calidoso. Después de su muerte, muchos de sus vecinos, los estudiantes de la Universidad Javeriana le rindieron homenaje, como si ser una persona decente ocultara lo poco digna que era la vida de dicho personaje. “Vivir” en la calle no es digno. La preocupación fue tardía y falaz. No fue el hecho de su asesinato la prueba reina de la intolerancia, sino el hecho de su vida en la calle. No se puede pensar que “vivir” en la calle sea una forma de vida que alguien escoja por uso de su propia razón. De modo que al homenajearlo se hizo un homenaje a la injusticia. La forma de reconocer que Calidoso era un ser humano, era haber intervenido a tiempo, ayudándolo a salir de la situación en la que se encontraba, reparando esa injusticia. 

Si nuestras instituciones de justicia funcionaran correctamente, seguramente los niveles de intolerancia serían mucho más bajos. Y esa tolerancia activa daría paso a la construcción de una verdadera ciudadanía. A tal punto que lo intolerable sería la corrupción, el delito, la falta de cultura ciudadana, y la injusticia, y no como lo es hoy en día.

¿Por qué yo no voto en blanco?

Este texto inicialmente fue un comentario a otro que defendía el voto en blanco. Yo, por mi parte no comparto la idea del valor tan alto que se le da al voto en blanco. Una opinión común de los defensores del voto en blanco es que este tiene un valor independiente y no un valor relativo por lo que afirmaciones como la de que el voto en blanco se le suma al que va ganando resultan prácticamente absurdas. Pero no por completo, pues pensar de este modo elude considerar que esa no es una afirmación literal, y que tiene un contenido de verdad, pues el voto en blanco resta votos a la opción alternativa, lo que en últimas se traduce en apoyo a la opción no alternativa. Pero no quiero extenderme en esa minucia.

He considerado desde hace tiempo que la opción del voto en blanco fue introducida subrepticiamente en las constituciones latinoamericanas, quizá iberoamericanas, probablemente con el auge del neoliberalismo en política (posición que promueve una preocupación menor por los asuntos políticos de parte de la ciudadanía. Me permito especular sobre e asunto, toda vez que no conozco una arqueología, o una historia siquiera, del voto en blanco. Para explicar un poco cómo entiendo este sistema de voto en blanco voy a usar una alegoría: supóngase un sistema político absolutamente liberalizado, donde las personas solo eligen a un candidato de una lista de opciones, de acuerdo al que consideren que presenta la mejor propuesta. Así como cuando uno está en el mercado escogiendo naranjas, si uno no encuentra una que le resulte apetecible o si todas le resultan demasiado costosas, pues no compra ninguna, es decir, vota en blanco, ejerce su libertad negativa. Pero todos sabemos que la política es una situación humana mucho más compleja y con mayores consecuencias que la escogencia de frutas en el mercado. 

Este comportamiento evidencia la inmadurez política de la sociedad bajo observación y no su madurez, como muchos piensan. Si una sociedad política está bien construida, todos los ciudadanos harán parte de algún partido o defenderán alguna posición (dentro de lo que se entiende como zoon politikón), con el objetivo de convencer a los demás ciudadanos, no de que no voten en blanco o de que voten, sino convencerlos de que abandonen su posición o ubicación política y se acerquen a la propuesta propia. 

Si por el contrario la sociedad política es inmadura, o menor de edad en términos kantianos, habrá que convencer a los ciudadanos de la importancia de votar, así como de la importancia de apoyar un partido, de la importancia de controlar a sus candidatos y/o representantes, es decir, habrá que convencerlos de que participar es importante. Si los candidatos que tenemos hoy en día no son interesantes, o satisfactorios, no es culpa de ellos, es culpa de la madurez del sistema político, y del grado de participación de la ciudadanía en eso que se llama realpolitik. 

La razón principal por la que no voto en blanco es porque doy por supuesto que el voto en blanco no va a solucionar el problema de los malos candidatos, ni una sociedad va a madurar por el golpe de opinión que generaría un hipotético triunfo del voto en blanco. Si ganara el voto en blanco, yo pregunto: ¿de dónde van a salir esos dichosos candidatos que representan al pueblo, pero no a determinados intereses económicos o partidarios?¿No resulta esto contradictorio? ¿No son los intereses de la ciudadanía también intereses económicos? ¿De que mundo político subterráneo o partidos nuevos van a salir esas personas parecidas a ángeles que nos van a salvar? ¿Cuánto tiempo se puede dar una sociedad para esperar que surjan estos líderes, teniendo presente que además de la emoción política de las elecciones también se necesita administración pública? 

Como alternativa al voto en blanco, lo que se necesita realmente es la madurez política de la sociedad. Es claro que candidatos como Juan Manuel Santos o nuestro pulquérrimo Zuluaga no llevarán a la sociedad a esa madurez política. Porque a ellos no les interesa ni les conviene. Les conviene, por el contrario, que la gente piense que el voto en blanco es una buena opción, bien porque envía un mensaje a los candidatos, o bien porque parece una alternativa inteligente, por irreverente y por muchas otras razones. Para mí la madurez política de la sociedad implica la politización de los ciudadanos. Independientemente de la posición política, considero que es mejor la vinculación formal a un partido y la participación en él, que el simple voto de opinión del que muchos son partidarios, particularmente cuando les conviene o cuando sienten que tienen opción de ganar, es decir, como si fueran miembros del partido del oportunismo. Siento que hay que dejar de lado el miedo a equivocarse y avanzar hacia la argumentación y la deliberación política, que son la manera correcta de construir un partido, y de llegar a la madurez política.

Formación Política

La juventud es técnicamente uno de los problemas actuales de la administración pública. ¿Qué hacer? Se preguntan los alcaldes, los profesores y la policía. ¿Qué hacer? Se preguntan los mismos jóvenes y los adultos que ven casi con desprecio a las generaciones venideras. En todo tipo de problemas se ven avocados los jóvenes, desempleo, inseguridad, violencia, abstencionismo político, entre otros. La respuesta, a pesar de ser muy simple, ha sido dejada de lado desde mucho tiempo atrás. No es una respuesta original, por supuesto, y, mucho menos, novedosa. Seguramente se encontrará aquí la coincidencia con el pensamiento de algunas organizaciones políticas de izquierda. Para mí es claro que lo que le falta a la juventud colombiana es formación política. Y me atrevo a plantear que es el primer paso para la solución de la mayoría de los problemas de la juventud.

Pero la formación política de la que hablo no es una tarea más para encargar al Estado, ni a las instituciones de educación, es una tarea de la ciudadanía, en particular de las organizaciones políticas. Y en este orden de ideas la justicia intergeneracional cobra parte de su sentido en la medida que las generaciones en el poder abonan el terreno de las venideras. La formación política de las organizaciones que compiten por el poder del Estado cumple un papel determinante en cuanto a la visión que obtienen sus jóvenes participantes, tanto de las tareas mismas a desarrollar dentro de la organización como fuera de ella y, en particular, si se diera el caso de acceder al gobierno. Este cambio en las perspectivas es transformador de las rutinas diarias de los jóvenes y de sus expectativas respecto al futuro. Con ello no se impide de ninguna manera ni se orienta de modo definitivo hacia una vida dedicada a la política. De hecho, muchos de ellos continúan con sus aficiones principales, pero adquieren un punto de vista que proporciona mayor amplitud, más tolerancia, y una identidad mucho más definida.

Con formación política no me refiero al ejercicio simple y llano del proselitismo con el fin de obtener beneficios electorales a partir del trabajo y los votos de las nuevas generaciones. Pero tampoco hago referencia a un proceso educativo tradicional, donde hay unos aprendizajes básicos para los participantes. Con formación política me refiero más al espacio de la libertad de expresión acondicionado para los jóvenes. Mejor que un curso de liderazgo es hablar y controvertir con los pares. Mejor que un curso de formulación de proyectos es discutir los objetivos y las estrategias de la sección juvenil de la organización política. Mejor que un curso de ética y valores es la construcción de la responsabilidad y el compromiso, así como la solidaridad que se teje con los integrantes menos favorecidos de la organización.

Lo anterior no es propiamente una aspiración desde el republicanismo contemporáneo. Pero sí enfrenta al extremo del individualismo metodológico, en la medida que los grupos donde se forman políticamente los jóvenes logran transformaciones colectivas importantes. Basta ver algunos ejemplos para reconocer un antes y un después del tránsito de estas personas por las organizaciones que ofrecen formación política. Ningún joven tiene por qué abandonar su proyecto de vida individual pero sí puede adquirir formación política. Esta le añadirá con seguridad disciplina, tolerancia y un conocimiento práctico-político que ninguna cátedra podrá.      

*Imagen tomada de http://www.agendapampeana.com/ampliar.php?id=4065         

Sobre el derecho a la protesta

Cuando escucho hablar del derecho a la protesta, siento en el ambiente una equívoca noción, como si la protesta fuese lo correcto. Para mí la protesta no es lo correcto sino la corrección. No considero la protesta como un derecho, sino como algo extra, algo externo, algo que da forma al Estado de derecho, a las instituciones básicas de la sociedad.

Nuestros gobernantes autorizan y limitan cada protesta, y piden que se proteste dentro de cierta “normalidad”, que no haya excesos y que “por supuesto” no se trasgreda contra los derechos de otros ciudadanos. Y ahí es donde veo el mayor error. Creo que necesariamente la protesta debe afectar los derechos de los demás ciudadanos, y esto por dos razones, la primera, para que los demás ciudadanos se enteren del propósito de corrección (las causas o motivos de la protesta), la segunda, para que la institución contra la que se protesta tenga un motivo más para corregirse (atender los motivos de la protesta), puesto que evita la continuidad de la afectación de los derechos de los ciudadanos no inmiscuidos en dicha protesta.

Una intuición básica al analizar la protesta es que su motivo se relaciona siempre con una pretensión de justicia, es decir, de corrección de una desigualdad bien en el punto de partida, bien en el punto de llegada. Dentro de la lógica misma de la protesta se encuentra una cierta gradación, que va desde la casi inofensiva realizada mediante oficios y por lo general ante las cortes, hasta la que implica acciones de hecho, desobediencia civil que necesariamente viola unas leyes con el fin de cuestionar otras o de reorientar el accionar del gobierno. La apelación a la violencia no cabe dentro de la definición liberal de desobediencia civil. Esta es vista como una garantía del orden constitucional, siempre que no sea violenta y que sean sinceras las intenciones de los manifestantes. Cuando se sobrepasa pueden comenzar los conflictos armados, se legitiman todo tipo de violencias y las pretensiones originales se diluyen en la búsqueda de la responsabilidad.  

Pero se sobrepasan por lo general cuando los motivos de su protestas, cuando sus desavenencias con las instituciones, no son atendidas. Ahora bien, podría encontrarse cierto grado de normalidad en la protesta en países como Colombia donde hay tanta institución deficiente. Pero la normalidad debería ser la inexistencia de causas para la protesta, la garantía plena de la igualdad en el punto de partida y ciertas correcciones en los resultados. Normalizar la protesta y aceptarla dentro de nuestras rutinas, acomodarnos a las protestas sin atender a sus peticiones y pedirles en cambio que no alteren nuestra vida, es como decirles: “ustedes no serán incluidos” y sus problemas no nos incumben.

Esa incumbencia puede significar el éxito o el fracaso de una protesta.  Cuando los motivos de los manifestantes son bien recibidos en las esferas pública y privada, dicho recibimiento puede generar algún tipo de cambio. Normalizar las protestas, acotarlas a la mínima incomodidad, puede aumentar el problema en lugar de resolverlo. En una sociedad organizada dichas protestas reciben como respuesta su transformación en las principales propuestas políticas de las siguientes elecciones. En Colombia, por lo contrario, se acusa a ciertos políticos de provocar dichas protestas, de incitarlas, como si no fueran también ellas una forma de expresión política de ciertos sectores que se sienten excluidos o perjudicados por las condiciones iniciales en las que tienen que jugar política y socialmente. Y que necesariamente deben convertirse en votos.

En una sociedad organizada las protestas de hoy en contra del gobierno  se transforman en los votos de mañana a favor de la oposición, siempre que ésta proponga cosas diferentes a las del gobierno de turno y siempre que haya elecciones libres. 

¿Qué tanta distopía hay en The hunger games?

Los Juegos del Hambre son una versión radical de lo que hoy conocemos como realities. Pero son un acontecimiento cuyo origen se asocia al fin de las libertades civiles de los “distritos” que “participan”, como castigo a una antigua rebelión infructuosa. La diferencia entre el modo de vida de los habitantes del distrito 12 y la de los habitantes del lugar donde se realizan los juegos es significativa. Tal diferencia es suficiente para sostener que las razones materiales para una rebelión están establecidas. Hasta hace muy poco pude ver esta película y más allá del argumento trágico-cómico del romance de los protagonistas hay un elemento  que a mi parecer ilustra muy bien una de las iniquidades que sociedades como la colombiana viven a diario. Seleccionar algunos jóvenes para que luchen en un ritual más que sacrificial por cosas etéreas.

Es imposible sostener con evidencia la existencia de una gran conspiración mediática-militar en Colombia, como la que existe en la película. Pero se acerca. Basta ver la parafernalia del desfile militar del 20 de julio y la manera como esa heroicidad se fija en las mentes de los más pequeños. ‘Tributo’, en la película, se refiere al joven que cada distrito entrega cada año para la realización de los juegos, así como las poblaciones más pobres en Colombia entregan cada año a sus jóvenes para nuestra propia versión del juego, sólo que aquí hay doble tributación, pues las poblaciones entregan sus jóvenes tanto al Ejército y sus distritos de reclutamiento como a la guerrilla y otros grupos, así como en la película, sin derecho a negarse. Una pregunta surge al comparar nuestra realidad con la ficción ¿quién se divierte con este juego? La respuesta no es evidente, pero a algún lugar tienen que ir los más de veinte billones anuales de pesos que se gastan en seguridad y defensa de parte del gobierno nacional y algún otro tanto gastado por el otro contrincante. En alguna parte deben estar los beneficiarios de la guerra en Colombia.

Nuestros juegos (nuestro conflicto armado) también son televisados. La perversión de la guerra es mostrada como si no lo fuera a través de la falsa noción de noticias que poseemos en Colombia. En nuestra realpolitik el patrocinio a unos tributos da réditos políticos, mientras que hacerlo a otros los quita. Nuestro castigo ya casi completa 70 años. Pero tampoco le desagrada mucho a la población colombiana, sólo unos cuantos se asquean por la guerra, a los demás les falta empatía. Y muchas veces a todos nos falta esa capacidad de percibir lo que el otro puede sentir en un determinado contexto, en nuestro caso, cuando uno de nuestros jóvenes se marcha a la guerra. Por eso, preguntarse por lo distópico de la película no resulta vano. Por el contrario nos acerca a una reflexión sobre la posibilidad de que llegue un día en que la muerte nos parezca completamente divertida, como si tan solo hiciera parte de un reality.      

Pseudociudadanía

Escribo este texto con el ánimo de analizar una problemática relacionada con la mal habida categoría de indigencia. En términos económicos se relaciona con la incapacidad o imposibilidad de ganar lo necesario para una adecuada supervivencia; hay diferentes metodologías para establecer si una persona es o no parte de ella. Muchas veces se confunden los efectos de la indigencia con las causas, como lo hace muy bien la derecha colombiana, que yerra por tanto en las soluciones propuestas.

En este caso me preocupo por la incapacidad de los gobiernos locales, quienes en cierta medida son los primeros responsables de brindar la atención básica y primaria a quienes están en riesgo de indigencia o a quienes están en estado de indigencia. Diferencio acá la indigencia definida por los economistas y la indigencia que distingue el ciudadano del común. No son indigentes todos los que recogen basura para reciclar, pero sí quienes piden dinero en una esquina o en un puente  con sus hijos al lado y quienes piden dinero para consumir alucinógenos. Hay tipos de indigencia y pienso que no deben atenderse con una misma política pública.

La política pública de Bogotá les ha cambiado el nombre por “habitantes de calle”, como si esto dignificara. A mi parecer no lo hace y sí enrarece el concepto. Les da una dignidad que realmente no poseen. La política pública, debería enfocarse en reparar la ciudadanía perdida, y no solo en reabastecerlos de derechos. Recientemente tuve que solicitar a la Secretaría de Integración Social su intervención en un conflicto con un “habitante de calle”, cuyo consumo de estupefacientes me estaba perjudicando en mi salud física y mental. Su intervención, aunque ágil y oportuna no fue satisfactoria, pues no se le exigió al “habitante de calle” el respeto básico que deben tener los ciudadanos por los derechos de los demás. Sencillamente se le hizo una invitación a participar en los programas de tal Secretaría, invitación que el “habitante” rechazó. En garantía de sus derechos el “habitante” no puede ser apresado puesto que su consumo (de bazuco) no está tipificado como falta penal. Tampoco puede ser obligado por la secretaría a irse a uno de estos hogares de paso. Y para la Policía su presencia y las molestias que genera apenas son un asunto risible. Inclusive, puedo asegurar que, no notan su presencia.

Ahora bien, esta breve reflexión viene a luz con el fin de hablar de esta pseudociudadanía que puede perjudicar a la ciudadanía de un modo aún incomprensible. Los programas de atención negativa al “habitante de calle”, esto es, programas que mantienen el status quo y que de hecho lo estimulan, por cuanto se muestra que los individuos en condición de indigencia no son abandonados por el Estado, sino que pueden ser atendidos prioritariamente e inclusive muy beneficiados por los programas de asistencia social, no resuelven el problema por cuanto atienden a los efectos y no a las causas de la indigencia. Los programas de atención positiva, que lograrían que estos habitantes de calle salgan de la calle, por decirlo así, son escasos; y cuentan con una dificultad mayúscula que no está directamente relacionada con la autoridades, sino en manos de la ciudadanía misma: nos hemos acostumbrado a mantener la indigencia a punta de limosnas. Baste ver a cualquiera de ellos en un bus urbano, o en el Sistema Transmilenio. Parece una actividad indigna, pero no por ello poco lucrativa. Por lo general se usa la falacia ad misericordiam o el miedo. El esfuerzo empleado es mínimo para el beneficio recibido, por lo que la indigencia se convierte en una actividad muy racional. La respuesta a esta opción de vida, si así puede llamarse, exige un argumento poco liberal, y por tanto, poco tolerante. Pero no es la respuesta racional del exterminio (a la que puede llegar la ciudadanía en ausencia de la acción estatal), sino la razonable, de la eliminación de las bases materiales y mentales de la indigencia como forma de vida.

Si bien es cierto que la indigencia es en parte un parámetro económico, la indigencia como forma de vida está metida en la conciencia cultural de la ciudadanía egoísta de las grandes ciudades. No es la solución al problema de un individuo indigente y su agregación paulatina lo que dará solución al problema. No es tampoco solución alguna cambiarle el nombre o el concepto para dejar de ver al objeto. Habitar es casi una categoría ontológica. Para mis propósitos, habitar es algo que hacen los ciudadanos. Y los indigentes no alcanzan a ser ciudadanos en todo sentido.  Ser ciudadano, aunque se me acuse de cierto tipo de republicanismo, no sólo consiste en tener derechos, sino también en cumplir con ciertos deberes, entre ellos el de garantizar los derechos de los demás. No veo mucha capacidad en la indigencia de cumplir con ese grupo de deberes. No participan en la esfera pública, no hay comprensión política, ni hay tributación. No hay aporte social desde su labor (los limosneros), ni cultural (con contadas excepciones), ni ideológica, ni religiosa. Por el contrario su presencia deshace la red social. No tengo datos que lo confirmen, pero es posible especular respecto a la reducción de las intenciones de cooperación social de mucha gente en presencia de la indigencia (como forma de vida).

Seguramente hay algunas personas a quienes beneficia el crecimiento exponencial de la indigencia, particularmente aquellas que viven del microtráfico de narcóticos, siempre que aunque exagerada, la asociación entre indigencia y consumo de alucinógenos es verdadera. Rechazo la indigencia como forma de vida, y rechazo la tolerancia y el beneplácito que sienten algunas personas al “ayudar” al indigente. Este liberalismo egoísta perjudica a la ciudadanía misma. Muchos acusarán al sistema económico y aludirán al ejército de la reserva laboral. Pero ellos no están ahí. Están más abajo según las categorías marxistas. Se han transformado las calles y los parques, mucha gente tolera que los habitantes de calle los habiten y los usen como sus residencia sin ninguna consideración ética sobre el derecho a la igualdad o a la vida digna.

Creo que nuestra responsabilidad está en no tolerar más esta situación. Y en exigir una solución política a este problema cultural.      

*La imagen fue tomada de Ikarus Gallery Cultural Program https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggJf-lN7bmiYC0pKkobxzxSxImarsQfXzUfMZVyxCe7HVwVf_FcyQAh8z1DMFBHO1r8FA5Iw9tTNIXEqqx_4oGI8agrP2i1dDmGU7OfQnAP_X_rlzAhNP6QzMBO0O3j-MdAZNlqFpNMCu9/s320/Indigencia.JPG. 

Señor ladrón

Recientemente fui víctima de un atraco a mano armada. Haciendo un inventario de las pérdidas, más allá de los bienes de los que fui despojado perdí mi confianza hacia la sociedad, particularmente hacia los motociclistas. La facilidad con la que fui abordado me hizo pensar en la facilidad del sicariato, pero también en la facilidad con la que se pasa de un estado de relativa confianza a uno de nula confianza. Puede ser un efecto pasajero producto de la agresión, la amenaza y el daño causado, pero la emoción es particularmente desesperanzadora.

En una sociedad organizada la incertidumbre causada por la existencia de delincuentes parece anunciar el fin de las instituciones de derecho. Si bien puede acusarse a la propiedad de producir el efecto contrario, es decir, el incentivo material al despojo por cuanto existen probadas diferencias entre las propiedades de las distintas clases sociales, creo que no es suficiente. No es válido el argumento de que el ladrón roba porque no tiene con qué comer cuando anda en motocicleta y armado, a menos que también las haya robado. Creo que en ciertos casos hay ladrones dedicados al hurto profesionalmente. Si una persona puede vivir 25 o más años dedicado a actividades delictivas sin ser detectado, su actividad sí pudo haber minado la confianza entre los ciudadanos.

Y este no es un problema minúsculo, pues el único elemento con el que cuentan las sociedades para existir es la confianza.  Confiábamos en nuestros vecinos y confiábamos en las instituciones, pero ahora tenemos que poner rejas en todas las puertas y ventanas y pagar seguridad privada. Pequeños problemas de convivencia que no son solucionados a tiempo pueden crear verdaderos monstruos. Si el problema de la inseguridad ciudadana no es solucionado a tiempo, pronto tendremos un nuevo monstruo paramilitar ofreciendo seguridad y justicia a cualquier costo.

Una sociedad anárquica como esta en la que vivimos bajo el reino del neoliberalismo promueve el robo y el hurto porque no le interesa la institución de la propiedad sino la del consumo. Por lo anterior casi que puede asegurarse que los ladrones profesionales son sus elementos imprescindibles, puesto que promueven gastos que no estaban planificados, pérdidas que deben ser reparadas. Invirtiendo la frase de Hobbes, donde hay injusticia no puede haber propiedad. No hay Estado que proteja a los ciudadanos si la ciudadanía misma está descompuesta, si nadie puede estar frente a su casa con tranquilidad. Si la sospecha se apodera de todo el mundo las instituciones se derrumbarán.

El hurto resulta tan inmoral como la mentira y el asesinato, pues nadie desearía vivir en una sociedad donde cualquiera pudiese despojarlo a uno de sus bienes por su simple voluntad. Pero tiene una particularidad frente a la mentira y el asesinato, y es que los sentimientos que produce no son individualizables sino que, por el contrario, son algo general. La desconfianza se vuelve permanente y las formas de cooperación desaparecen.

No hay suficiente policía para vigilar a cada ciudadano, ni la habrá, ni los delincuentes comprenderán que cuando se hiere una parte del cuerpo no se hiere solo esa parte sino a todo el cuerpo.

        

CONTENER EL PODER MILITAR

Bien es sabido por muchos de los estudiosos de la política colombiana que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez tuvo un gran matiz militarista. Muchos también aseguraron que tenía ciertos rasgos de ser un gobierno autoritario. Algunos otros se atrevieron a decir que era un tipo de dictadura o de populismo del siglo XXI. Pero lo que quiero defender aquí no tiene que ver con ese gobierno sino con el de Juan Manuel Santos y una posible explicación del refortalecimiento del fuero militar en el que se ha visto envuelto en estos días. Si bien el gobierno de Uribe Vélez no fue una dictadura militar, los militares sí tuvieron durante esos ocho años un papel protagónico, por decir lo menos, aunque cuestionado por su arbitrariedad, sus excesos frente a la población civil y su fracaso en la derrota de la insurgencia. Este proceso significó que los militares adquirieron mucho poder y por ello no estaban dispuestos a ceder en ciertos procedimientos aprendidos en una generación dada más al enfrentamiento que al diálogo.

Puede aceptarse con relativa facilidad que el cambio de mando en el ejecutivo significó también un cambio en el discurso de las fuerzas armadas. Fe en la causa fue la consigna que reemplazó la doctrina militar de la seguridad democrática. Y aunque puede que en términos teóricos sea una fórmula más elaborada para muchos sigue una misma línea con la anterior. No es mi interés ni estoy en capacidad de hacer un recorrido por los avatares de las acciones político-militares del gobierno Santos, pero esta nueva política institucional no cayó bien entre las tropas. Así como tampoco ha caído bien el hecho de que las diferencias salariales entre oficiales y suboficiales no se hayan resuelto, ni el inicio de los diálogos de paz del gobierno con las FARC, ni la hasta hace pocos días persecución de la justicia civil. Pueden ser muchas las desaveniencias entre el ejecutivo y sus fuerzas militares, pero éstas no tienen en Colombia la capacidad de producir un verdadero ruido de sables como para que los políticos teman un golpe de Estado de carácter militar. Sin embargo sí tienen un as de chantaje y es la muy conocida baja moral de las tropas, a la que tanto los generales como el ministro de defensa colombiano han salido a responder y denegar. Con tal situación, argumenta la derecha colombiana viuda de poder, el país puede volver al nivel de violencia y de inseguridad previa al gobierno de Uribe Vélez. Tan baja está la moral de la tropa que no desaprovechan un episodio de confrontación entre la guerrilla y el ejército para repetirlo.

En algún sentido esta situación semeja aquella que se vivió en los países latinoamericanos que tuvieron dictaduras militares en los 70s y 80s luego de la transición del poder a las autoridades civiles. Por eso quiero reseñar a continuación algunas de las recomendaciones que dio Samuel Huntington en su texto La Tercera Ola  para que los gobiernos civiles contuvieran el poder que habían adquirido sus fuerzas militares. Y las reseño porque la respuesta que está dando Juan Manuel Santos a la situación con sus tropas se parece a las sugeridas por este pensador y aunque muchas de ellas no hayan sucedido efectivamente podrían suceder en un eventual acuerdo de paz. Así el fuero militar puede ser apenas una de esas concesiones:        

“3- Clarifique y consolide la cadena de mando en las fuerzas armadas. Termine con ambigüedades o anormalidades, haga saber claramente que la cabeza civil del gobierno es el jefe del ejército.

      4- Haga reducciones importantes en las dimensiones de las fuerzas armadas. Cualquier ejército que haya ejercido funciones gubernamentales será demasiado grande y, muy probablemente, tendrá demasiados oficiales.

      5- Los oficiales del ejército piensan que están mal pagados, mal alojados y mal equipados, y probablemente tengan razón. Use el dinero obtenido de la reducción de las dimensiones del ejército para aumentar los salarios, pensiones y jubilaciones, y para mejorar las condiciones de vida. Saldrá ganando.

      6- Reoriente a las fuerzas militares en sus misiones. Usted puede tener interés en desear resolver conflictos con otros países. Sin embargo, la ausencia de una amenaza externa puede permitir que sus militares carezcan de misiones militares legítimas, y realzar su inclinación a pensar en política. Se gana en equilibrio al anular amenazas extranjeras, pero a costa del precio potencial de tener inestabilidad interna.

      7- Para volver a centrar a los militares en sus propósitos profesionales, reduzca drásticamente el número de tropas estacionadas en su capital o alrededor de ella. Trasládelas a las fronteras o a otros lugares relativamente distantes y despoblados.

8- Deles juguetes. Esto quiere decir proporcionarle nuevos y divertidos tanques, aviones, autos blindados, artillería y equipos electrónicos sofisticados (los barcos no tienen tanta importancia: no sirven para hacer golpes de estado). El nuevo equipamiento los hará felices, y los tendrá ocupados mientras intentan aprender cómo usarlos. Jugando bien sus cartas, y dando una buena impresión en Washington, usted también podrá sacar mucho del presupuesto norteamericano. Entonces ganara la ventaja adicional de que podrá aconsejar a los militares que solo seguirán obteniendo esos juguetes si saben comportarse, porque los legisladores norteamericanos tienen una impresión lamentable de la intervención militar en política.

      9- Porque los soldados, como todo el mundo, aman que los amen, aproveche cada oportunidad de identificarse con las fuerzas armadas. Asista a las ceremonias militares, otorgue medallas, ruegue a los soldados que encarnen los valores más altos de la nación, y si esto está de acuerdo con la Constitución, aparezca usted mismo vestido con uniforme.

      10- Desarrolle y mantenga una organización política que sea capaz de movilizar a sus seguidores por las calles de la capital si alguien intenta un golpe militar." 

Bibliografía: Hntington, Samuel P. La Tercera Ola.