Democracia de Víctimas

La aprobación de la ley de víctimas nos revela la esencia de la democracia colombiana, no una democracia de ciudadanos sino una democracia de víctimas. En Colombia, la ciudadanía parece haberse construido a partir de la victimización. La ley de víctimas puede ser un intento de reconocer este hecho. Pero este hecho encierra una contradicción en sí mismo. Por definición un ciudadano es un individuo que tiene una serie de derechos y deberes toda vez que se reconoce inmerso en una determinada institucionalidad. La pertenencia a la ciudad le otorga una serie de protecciones específicas que difícilmente podría tener por fuera de un ordenamiento o una institucionalidad, y en esto radica su ciudadanía y sus obligaciones como ciudadano. Usualmente se llama “víctima” a una persona que ha perdido una buena parte de tales protecciones, y que por tal razón ha sufrido, por lo general en su cuerpo, cierto tipo de violencia; así este cuerpo ha sido por lo menos desarraigado, maltratado, enfermado y callado. También es probable que se haya atentado en tal violencia contra las bases de sus creencias y convicciones más profundas y que por tal motivo se encuentre en una especie de limbo cultural. Con estas condiciones presentes, no se puede pensar la democracia en los mismos términos en los que se piensa en sociedades (tal vez ideales), en las que los ciudadanos no han construido su ciudadanía a partir de una serie de privaciones. Ser ciudadano quiere decir contar con la protección de la ciudad, de la ley. Ser víctima entonces es la cara opuesta a aquella situación, estar desprotegido. ¿Qué sentido puede tener hacer parte de la ciudadanía si tal pertenencia no implica la imposibilidad de ser víctimas?

Al vérnoslas con el concepto de víctima, nos enfrentamos a dos binomios de interés. El primero de ellos es el que se establece entre víctima y no-víctima. Esto establece una diferencia entre dos clases de ciudadanos (unos plenos en garantías y libertades y otros apenas de nombre). La ley de víctimas pretende en primer lugar el reconocimiento de quiénes son las víctimas. En segundo lugar promueve la restitución de su ciudadanía y por tanto el restablecimiento de esa condición básica de la democracia. Acá, en términos rawlsianos se está cumpliendo con el principio de diferencia, cuando a los menos beneficiados les son devueltos sus derechos por medio de un esfuerzo colectivo de los no-víctimas. Esto, en sí mismo, también procura el desarrollo de la igualdad.  Pero cuando consideramos el segundo binomio, en el que nos enfrentamos a la relación entre víctima y victimario, tenemos un problema mayor. La mayoría de víctimas lo fueron de algún “alias”, desconocieron el nombre de su agresor. Y cuando sabían algo apenas conocían su nombre genérico. La pérdida del alias, la recuperación del verdadero nombre del agresor conlleva beneficios para las víctimas. He aquí el punto por donde empieza a tejerse la verdad y a descubrirse la reparación. El derecho a la verdad, por más abstracto que ello pueda ser, y por más inentendible que resulte está contemplado en el art 23 de la ley. Responde a la asociación teórica entre verdad y dignidad y procura que no se repita la victimización. ¿Pero cuál verdad? ¿Cuánta verdad necesita una democracia como la colombiana para funcionar?¿Cuánta reparación requiere nuestra institucionalidad? ¿Cuánta dignidad requiere nuestra persona moral para recomponerse dentro del reino de los fines?  

Cuando hablamos de ley de víctimas también hablamos de víctimas de la ley. Es importante rememorar aquella costumbre campesina de referirse al personal de la policía como “la ley”. Las víctimas son víctimas de la ley cuando ésta no funciona o cuando funciona parcializada, o cuando directamente se convierte en victimaria. Sin duda las agresiones a la ciudadanía provienen de múltiples actores pero la ley sólo reparará las de aquellos delitos que se relacionan directamente con el conflicto armado. Las demás víctimas, las del modelo educativo, o del modelo de desarrollo o del modelo de justicia, o del modelo de salud, las víctimas de la pobreza en general seguirán desamparadas.