domingo, 21 de agosto de 2016

La democracia vs los derechos

Pequeña fábula: érase una vez una comunidad de ovejas que hicieron una votación para definir si les convenía o no la decisión de los lobos de volverse vegetarianos.

Contrario a lo que se nos enseña en la academia, según lo cual en toda nación donde hay democracia hay un número alto de derechos humanos, en Colombia la democracia parece ir por un camino distinto al que transitan los derechos. Y eso a pesar de que se pensaba que, con la salida del uribismo del ejecutivo, la caída del país hacia el autoritarismo se detendría. La contradicción que señalo es una reedición del viejo problema de oposición entre democracia y constitucionalismo. Argumento en estas líneas que la disonancia entre democracia y derechos en Colombia nos viene llevando poco a poco, y a pesar del proceso de paz, hacia un Estado aún más autoritario y hacia una ciudadanía con menos espíritu democrático.  

Los ciudadanos seguimos aceptando esta escisión y se ha metido tanto en nuestra cultura política y en nuestra concepción pública de justicia que hoy por hoy nos vemos abocados a definir en un plebiscito si queremos o no la paz. A mi entender, este tipo de decisiones no deben someterse a las mayorías, pues para eso se ha establecido de antemano un gobierno y unas disposiciones constitucionales. Quiero discutir acá los motivos por los cuales se busca que la paz sea aprobada por votación popular. Resulta inverosímil que haya ciudadanos capaces de oponerse al bien en grado sumo que resulta ser la paz. La apuesta del gobierno es disputar en las urnas la última palabra sobre este tema, aún a riesgo de perder, dada la baja aceptación que tiene el gobierno de Juan Manuel Santos por estos días, pero a sabiendas de que posee un as bajo la manga, un plan b, como lo han argumentado varias personalidades políticas a lo largo de este año.

Acá entonces sale a la luz una pregunta: Si no es necesario el plebiscito para la firma de la paz, entonces ¿cuál es la razón de la realización del mismo? Razones puede haber varias: complacer a las FARC que lo solicitaron en la Habana durante las conversaciones; revestir con un manto de legitimidad a todo lo que se acuerde, con el ánimo de que ningún gobierno posterior se disponga a echar atrás lo acordado; hacer creer a los colombianos que participaron en la construcción de la paz; dar un origen “democrático” a las decisiones que se tomen en adelante. Pero hay a mi parecer una estrategia profunda, que los negociadores de las FARC, en su ánimo de paz, quizá no alcanzaron a ver: el de echar atrás los derechos. Sabíamos, por la teoría constitucional, que toda norma se somete al cumplimiento irrestricto de lo establecido en la constitución. Pero también sabíamos de la ambigüedad de la Constitución del 91, indecisa entre la concesión de derechos y la adopción del neoliberalismo.

El estallido de la guerra narco-paramilitar de los años 90, y la irrupción de los EEUU en Colombia, con su doble lucha anti-drogas y antiterrorista a principios del siglo, a cambio de Libre Comercio, consolidaron esa línea de pensamiento que hoy llamamos “uribismo” y que ya se estudiado hasta el hartazgo. Quienes se identifican con este pensamiento le hacen el juego autoritario al mayoritarismo, es decir, piensan que al ser una mayoría, por ese simple hecho, poseen la verdad. Por eso, se juega el destino de la paz en las urnas, donde, además, las distintas corrientes políticas medirán sus fuerzas. Pero, más allá de esto, está la idea de que todos los derechos se pueden someter, de nuevo, al criterio de las mayorías, como si la razón y la coherencia no jugaran ningún papel en la configuración de las sociedades democráticas.

Ahora decidiremos en referendo si de verdad tenemos derecho a un medio ambiente sano, al agua potable, o a la conservación de nuestros ecosistemas; asimismo se discutirá si eso de la cadena perpetua está mal o está bien, si los homosexuales deben tener o no derechos iguales a los demás, entre otras iniciativas. Cuando se pensaba que la Constitución garantizaba la autonomía territorial y la descentralización, aparecieron los grandes proyectos minero-energéticos a crear el conflicto entre lo nacional y lo  local, y los tribunales a tratar de mediar. Por ello se les preguntará a los ciudadanos si desean o no un ambiente sano, o si desean la guerra o no. En mi opinión ninguna de esas cosas debería preguntarse y mucho menos ponerse en discusión, pues es lógico que tenemos derecho a la paz y a un medio ambiente sano. Discutirlo, o ponerlo a votación trae como consecuencia que podríamos, entonces, poner a decidir por mayoría la aplicación o no de cualquier otro derecho. El gobierno descartó de primera mano la posibilidad de aplicar la Constitución, ya que le conviene más la idea de que haya decisiones mayoritarias en cada caso, aprovechando las debilidades de nuestra democracia, puesto que la paz y la destrucción del medio ambiente se tocan en algunos puntos relacionados con la prosperidad económica.       


Sabemos que los lobos nunca dejarán de ser lobos, pero los colombianos no somos simples ovejas. Ganaremos la paz en las urnas y también protegeremos el medio ambiente y las demás libertades o derechos que nos intenten arrebatar






Foto tomada de: Praxis Socialista  

lunes, 23 de marzo de 2015

Una forma alternativa de elegir magistrados

Corresponde a la filosofía política el diseño de una alternativa o una salida cuando las instituciones existentes se desfasan,  pierden su naturaleza o fracasan; éste es el caso de las instituciones de justicia en Colombia. Fácilmente, quienquiera, puede deducir que también es el caso de la mayoría de instituciones. Muchas de ellas padecen del clientelismo y para acceder a sus cargos hay que apela al arribismo, al amiguismo, al favor político y solo en algunos casos al mérito (con los problemas que esto implica). En últimas, esta ‘estructura’  explica los casos de corrupción, así como la incompetencia plena de la administración de justicia para resolver con celeridad y en el marco de lo justo los distintos casos y problemas sociales que se llevan ante ella.

No podemos separar el sistema judicial de la manera en que funcionan las otras áreas de la democracia colombiana. Y en este sentido es claro que si el sistema de elección de quienes eligen posteriormente a los magistrados está viciado, habrá ciertamente una transferencia de dicho vicio. Nuestro modelo de democracia no garantiza la participación del más amplio número de ciudadanos, ni se preocupa porque lo hagan en condiciones de ilustración suficiente, por el contrario, le basta con abstenciones del 60% y con decisiones basadas en la publicidad y en los efectos de la demagogia, persigue la oposición, reprime la protesta social, permite la compra de votos y por ello no hay la más mínima condición de igualdad para la participación. De hecho, muchas personas creen que la democracia se reduce a las elecciones.

Pero la democracia también implica la tan mencionada separación de poderes y la idea de los pesos y contrapesos. En Colombia los magistrados de la Corte Constitucional son elegidos por el Senado, a partir de ternas que presentan el Presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Independientemente de donde proceda la terna los candidatos a magistrados tienen que hacer lobby con los congresistas, y esta práctica implica compromisos previos respecto a casos futuros. Cuando los magistrados deberían elegirse por su calidad, experiencia o capacidad académica, se eligen por la capacidad de prometer resultados a sus directos electores o a los patrocinadores de estos.

Los magistrados de la Corte Suprema son elegidos por la misma Corte y postulados por el ya decadente Consejo Superior de la Judicatura, lo que en teoría le da un poco de autonomía. Pero como no es necesario hacer parte de la carrera judicial para llegar a ser magistrado, es posible que se dé lo que en Colombia se ha conocido como ´la puerta giratoria’. Y esto ocurre tanto para ingresar a las Cortes como al salir de ellas, pues los cargos no son vitalicios, lo que permite que al finalizar el periodo de magistratura se acceda a cargos con mejores remuneraciones, ya en otros cargos del sector público, ya en cargos del sector privado.

Los seres humanos titubean entre el azar y el determinismo. Algunas cosas se prefieren bajo el mayor cálculo y predicción, de modo tal que no escapen al control de los agentes. Otras, se dejan al azar. La democracia es, en condiciones puras e ideales, una cuestión de azar, pues no es fácil determinar con anticipación la decisión de cada votante, y cada hecho del acontecer nacional o local puede influir en la decisión final de este. Pero tales condiciones no existen, y en países con pobre formación política de sus ciudadanos, y con escasa mayoría de edad, es muy fácil para el político profesional organizar su estrategia y hacerse a la victoria con relativa facilidad siempre que cuente con los medios económicos y logísticos, es decir, sin dejar nada a la suerte. Y así, curiosamente, funcionan las demás elecciones.

Es por eso que pienso que el azar puede ayudar a que la elección o designación en los diferentes cargos sea más afín con las ideas de democracia, justicia e igualdad de acceso a los cargos que profesa la teoría del liberalismo político. Ya en la antigua Roma y en Grecia se designaban magistrados por sorteo, en la medida que el único requisito en ese entonces era ser ciudadano. En nuestros días podríamos añadir la necesidad de tener título de abogado y el hecho de no tener cuentas pendientes con la justicia.

Esta medida de designar a los magistrados por sorteo, entre un grupo de interesados y calificados (lo que implicaría tal vez su pertenencia a la carrera judicial), superaría en cierta medida los excesivos impedimentos y la lentitud del sistema meritocrático (así como su estructura profunda de exclusión), y superaría por completo los vicios de elección que existen actualmente. Habría que hacer los cargos vitalicios y pasar de una sociedad de apáticos políticos a una de mayores de edad en términos kantianos.  Los controles sobre el ejercicio de las funciones de estos magistrados podrían ser ejercidas en los mismos términos en que se ejercen actualmente. 

Nota: La creación de una supercorte sólo me hace pensar en quién controlará a dichos supermagistrados y en quién los designará.

domingo, 8 de marzo de 2015

La paz de las mujeres

Sé que hay varias referencias recientes al respecto, y en particular frente a la coyuntura que vive Colombia, pero por el momento me permito obviarlas. Parto del supuesto de que las mujeres poseen un entendimiento más profundo de lo que es eso que llamamos “paz”, dado que responden a una serie de virtudes que son más difíciles de alcanzar para los hombres que a ellas. Simone de Beauvoir denunciaba ya en su época que a la mujer se le había asignado históricamente el papel de “la inmanencia”, mientras que el de la “trascendencia” había quedado en manos de los hombres. Esta denuncia puede mantenerse en Colombia hoy en día.

Pese a los esfuerzos de la Mesa de Conversaciones de la Habana por incluir a las mujeres y a sus temas en los diferentes puntos de la Agenda, es mi percepción que las conversaciones siguen siendo un tema de hombres, así como la guerra fue siempre un tema de hombres, es probable que, en consecuencia, tengamos una paz entre hombres, una paz patriarcal. Lo complicado de este tipo de paz se manifiesta de dos formas, la primera es que las mujeres son las víctimas principales puesto que la guerra, prácticamente, se libró sobre sus cuerpos; la segunda es que una paz con las mujeres, o mejor, una paz al modo de la mujer, puede ser una paz mucho más profunda y duradera.

La paz sería mejor, creo, porque a la mujer se le da mejor el asunto del perdón: es capaz de perdonar al modo en que perdona la naturaleza, un perdón reconstructivo. Asimismo se le da mejor la tolerancia, una tolerancia transformadora. Y la mujer, en general, posee una memoria privilegiada. Memoria, perdón, tolerancia, son virtudes de la paz. El perdón reconstructivo es el que sana las heridas, no el que simplemente las oculta. Las mujeres son casi siempre más cooperadoras que competitivas, y esta disposición, sea natural o histórica, las orienta de sobremanera a la paz. Ellas tienen un sinnúmero de propuestas; desde mucho antes de que empezara este proceso, las mujeres ya estaban trabajando por la paz, no sólo enfrentando las causas materiales y evidentes, sino a todo ese mundo de microviolencias cotidianas, invisibles casi siempre, pero que pueden ser como la chispa que hace arder el combustible del conflicto.    

Un efecto de la paz de la mujer,  tiene que ser que ella no cargue sobre sus hombros, como lo ha hecho con la guerra, las consecuencias de la paz o los costos de la misma. La guerrilla ha sido muy proclive a destacar la igualdad de capacidades para la realización de tareas entre hombres y mujeres, pero poco ha dicho sobre la igualdad de realización de dichas tareas, ni de las diferencias, así como tampoco del goce de sus resultados, o al menos no, en lo poco que se conoce de su vida interna. El Estado por su parte es incapaz de llevar a la realidad la justicia, la administración, el bienestar, el reconocimiento y la participación de y para la mujer. Sus esfuerzos se quedan cortos, y el tratado de paz que se avecina, no incorpora mayores ventajas. Algunas feministas colombianas celebran que haya al menos un par de mujeres en la mesa de conversaciones. Pero no es suficiente. La paz debe desterrar esa idea de hombría asociada a las armas y al ejército.    


Desde los tiempos de Lisístrata (Aristófanes) las mujeres ya se preocupaban por el asunto de la paz.             

lunes, 17 de noviembre de 2014

Desarraigo y viviendas VIP

Esta administración distrital y quizá todas las anteriores no se ha preguntado por el verdadero deber de la ciudad dentro del proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado. Tampoco se ha preguntado si es sostenible un crecimiento exacerbado y sin planificar de la población residente en su territorio. Por el contrario se ha dedicado a tratar de resolver los problemas que dicho crecimiento genera a diario. Amparada en sus ventajas económicas y en la idea de que las ciudades deben competir entre sí, Bogotá no se autolimita en su crecimiento, como si el agua o la movilidad no le preocuparan.      

Históricamente el crecimiento poblacional de Bogotá se explica como un producto vergonzante del desplazamiento forzado, consecuencia directa de la violencia que atraviesa la totalidad de la historia social y política colombiana (Molano, Alfredo, Desterrados, Crónicas del desarraigo). A mi parecer, esto ha creado una urbe compuesta mayoritariamente por desarraigados. Muchas ciudades crecen porque llegan a ellas habitantes que buscan nuevas oportunidades, en la nuestra llegan huyendo, buscando un escondite. Y esconderse no puede ser un sinónimo de habitar. Las formas de vida que se reconstruyen a partir de esta huida padecen la enfermedad del desarraigo.

Para Simone Weil el arraigo “es la necesidad más importante y desconocida del alma humana. Es una de las más difíciles de definir. El ser humano tiene una raíz por su participación real, activa y natural en la existencia de una colectividad que conserva vivos ciertos tesoros del pasado y ciertos presentimientos del futuro. Participación natural, es decir producida naturalmente por el lugar, el nacimiento, la profesión, el medio. Cada ser humano tiene necesidad de múltiples raíces. Tiene necesidad de recibir la casi totalidad de su vida moral, intelectual, espiritual, por intermedio de los ambientes de los que forma parte naturalmente"(Raíces del Existir, p.51).   

Ciudadanos que no pueden participar real ni activamente en la colectividad a la que se incorporan, ciudadanos que no pueden dar sus frutos por carecer de las raíces, padecen la enfermedad del desarraigo. Esta falta perjudica a la ciudad misma, destruye la necesaria cooperación entre sus integrantes y merma el potencial de la ciudadanía. No hay forma de saber si se puede curar el desarraigo o cuántas generaciones se necesitan para curarlo, pero en el ánimo de mantener vivas esas raíces y de participar en la reparación de las víctimas del conflicto, Bogotá debe repensar su papel.

El alcalde de Bogotá nos tiene acostumbrados a decisiones que apuntan más que a resolver problemas sociales a generar un impacto mediático. La prioridad del alcalde no está en la administración o en la gestión de la ciudad, sino en mantenerse vigente en boca de los medios, en hacer ruido, porque a fin de cuentas es este ruido y no la buena gestión lo que le permitirá a futuro obtener réditos políticos.

La despreocupación por el arraigo de los ciudadanos en Bogotá es un síntoma de la misma enfermedad. El alcalde de la ciudad gobierna desde el desarraigo, para él es una ciudad adoptiva y apenas un escalón en su carrera política. Invitar a más personas a vivir en Bogotá puede convertirse en un desacierto. No participar en su retorno y promover su residencia permanente en la ciudad puede traer resultados contrarios a los esperados.

La idea de la reparación, al menos como se entiende en Colombia incluye el retorno a ese lugar donde naturalmente se tienen las raíces. A pesar del problema de haber iniciado acciones de posconflicto antes de terminar el conflicto la iniciativa es más que adecuada, cada quién debe vivir donde mejor pueda desarrollar su ciudadanía, es decir, ejercer sus derechos y libertades básicas, tarea que no es sencilla si se padece desarraigo. Esta enfermedad no sería tan grave si no se padeciera también, casi que por las mismas causas, un ambiente de desigualdad e inequidad.


Insulsas resultan las quejas de aquellos ciudadanos que se oponen al uso de los terrenos públicos en zonas de estratos altos de la ciudad para la construcción de las viviendas de interés prioritario cuando se esgrimen desde la característica intolerancia bogotana. Ahora bien, Bogotá posee suficientes ciudadanos con necesidad de vivienda que no son desplazados, o que al menos no lo son en esta última ola de desplazamiento y que de alguna forma necesitan las condiciones básicas para garantizar la satisfacción de esa necesidad del alma de la que he hablado. 

sábado, 24 de mayo de 2014

El auge de la intolerancia



La muerte de un “habitante de calle” -Calidoso- causó revuelo en los medios colombianos hace unas semanas. Por una parte se especuló sobre los victimarios, bien una venganza personal, hipótesis que tomó fuerza y se confirmó, o bien el abuso de un grupo neonazi cuya presencia y hasta su patrocinio por parte de la Policía también fue noticia hace algunas semanas. Este hecho, directamente relacionado con un tema del que ya había escrito antes (Pseudociudadanía), y el tema siempre inquietante de la intolerancia, me ha hecho reflexionar sobre su auge en Colombia. 

Si bien se descartó la hipótesis de que la muerte de Calidoso hubiese sido producto de un ataque neonazi, no por ello se dejó de hablar en ciertos círculos de la “limpieza social” que se viene realizando por parte de este tipo de grupos contra los habitantes de calle y contra otras personas consideradas indeseables por algunos sectores de la sociedad. La existencia de grupos neonazis es un problema de orden público para las autoridades pero también es un problema cultural y político. No puede simplemente encasillarse como una de las subculturas colombianas, o como una de las expresiones juveniles, puesto que hay en ella grandes evidencias de intolerancia, por no hablar de que también hay delitos. Lo único intolerable es la intolerancia. 

Pero la intolerancia no es exclusiva de los neonazis, y por ello hay que enfrentarla donde quiera que surja. Poco a poco nuestra sociedad ha empezado a vivir una nueva crisis de tolerancia. Esto es producto, tal vez, del inacabable conflicto armado, o de la exclusión, o de la desigualdad o de la pobreza y en el mejor de los casos de la mala calidad de la educación. 

Los cristianos han vuelto a ser intolerantes, como en épocas de la inquisición o previas a la reforma protestante. Los liberales han olvidado la tolerancia y confluyen hacia un liberalismo económico, individualista pero ampliamente intolerante con lo que consideran indeseable. 

Los partidos que se dicen democráticos excluyen y no toleran dentro de sí expresiones de divergencia ni las menores contradicciones. Sexismo, homofobia, racismo, intolerancia religiosa, intolerancia política, intolerancia hacia otras fanaticadas, intolerancia al error, intolerancia a lo feo, intolerancia a lo bello, intolerancia a la música del otro, intolerancia a lo nuevo, intolerancia al otro y al espacio que ocupa son cada día más frecuentes en Colombia. Los titulares de todos los medios se llenan a diario con este tipo de eventos, y las soluciones parecen estar más lejos que cerca. La ley antidiscriminación desplazó el problema desde lo cultural hacia lo jurídico, pero allí tampoco se ha resuelto mucho

No se aprende la tolerancia por temor al castigo. E inclusive la simple tolerancia no es suficiente para la construcción de la ciudadanía. Adela Cortina se pronuncia en este sentido, la simple tolerancia no conlleva a la construcción de un colectivo, y sus límites aparecen cuando desde visiones del mundo diferentes, deseamos lo mismo. Ahí nos volvemos más intolerantes. Porque entramos en competencia, competimos por algo que es escaso. Hay que realizar una corrección de nuestros deseos. Y aquí es donde debe aparecer el tema de la justicia. Nuestra sociedad está llegando a límites insospechados de intolerancia como producto de las fallas en nuestras principales instituciones de justicia. 

Y para ilustrar esto vuelvo al caso de Calidoso. Después de su muerte, muchos de sus vecinos, los estudiantes de la Universidad Javeriana le rindieron homenaje, como si ser una persona decente ocultara lo poco digna que era la vida de dicho personaje. “Vivir” en la calle no es digno. La preocupación fue tardía y falaz. No fue el hecho de su asesinato la prueba reina de la intolerancia, sino el hecho de su vida en la calle. No se puede pensar que “vivir” en la calle sea una forma de vida que alguien escoja por uso de su propia razón. De modo que al homenajearlo se hizo un homenaje a la injusticia. La forma de reconocer que Calidoso era un ser humano, era haber intervenido a tiempo, ayudándolo a salir de la situación en la que se encontraba, reparando esa injusticia. 

Si nuestras instituciones de justicia funcionaran correctamente, seguramente los niveles de intolerancia serían mucho más bajos. Y esa tolerancia activa daría paso a la construcción de una verdadera ciudadanía. A tal punto que lo intolerable sería la corrupción, el delito, la falta de cultura ciudadana, y la injusticia, y no como lo es hoy en día.

¿Por qué yo no voto en blanco?

Este texto inicialmente fue un comentario a otro que defendía el voto en blanco. Yo, por mi parte no comparto la idea del valor tan alto que se le da al voto en blanco. Una opinión común de los defensores del voto en blanco es que este tiene un valor independiente y no un valor relativo por lo que afirmaciones como la de que el voto en blanco se le suma al que va ganando resultan prácticamente absurdas. Pero no por completo, pues pensar de este modo elude considerar que esa no es una afirmación literal, y que tiene un contenido de verdad, pues el voto en blanco resta votos a la opción alternativa, lo que en últimas se traduce en apoyo a la opción no alternativa. Pero no quiero extenderme en esa minucia.




He considerado desde hace tiempo que la opción del voto en blanco fue introducida subrepticiamente en las constituciones latinoamericanas, quizá iberoamericanas, probablemente con el auge del neoliberalismo en política (posición que promueve una preocupación menor por los asuntos políticos de parte de la ciudadanía. Me permito especular sobre e asunto, toda vez que no conozco una arqueología, o una historia siquiera, del voto en blanco. Para explicar un poco cómo entiendo este sistema de voto en blanco voy a usar una alegoría: supóngase un sistema político absolutamente liberalizado, donde las personas solo eligen a un candidato de una lista de opciones, de acuerdo al que consideren que presenta la mejor propuesta. Así como cuando uno está en el mercado escogiendo naranjas, si uno no encuentra una que le resulte apetecible o si todas le resultan demasiado costosas, pues no compra ninguna, es decir, vota en blanco, ejerce su libertad negativa. Pero todos sabemos que la política es una situación humana mucho más compleja y con mayores consecuencias que la escogencia de frutas en el mercado. 




Este comportamiento evidencia la inmadurez política de la sociedad bajo observación y no su madurez, como muchos piensan. Si una sociedad política está bien construida, todos los ciudadanos harán parte de algún partido o defenderán alguna posición (dentro de lo que se entiende como zoon politikón), con el objetivo de convencer a los demás ciudadanos, no de que no voten en blanco o de que voten, sino convencerlos de que abandonen su posición o ubicación política y se acerquen a la propuesta propia. 

Si por el contrario la sociedad política es inmadura, o menor de edad en términos kantianos, habrá que convencer a los ciudadanos de la importancia de votar, así como de la importancia de apoyar un partido, de la importancia de controlar a sus candidatos y/o representantes, es decir, habrá que convencerlos de que participar es importante. Si los candidatos que tenemos hoy en día no son interesantes, o satisfactorios, no es culpa de ellos, es culpa de la madurez del sistema político, y del grado de participación de la ciudadanía en eso que se llama realpolitik


La razón principal por la que no voto en blanco es porque doy por supuesto que el voto en blanco no va a solucionar el problema de los malos candidatos, ni una sociedad va a madurar por el golpe de opinión que generaría un hipotético triunfo del voto en blanco. Si ganara el voto en blanco, yo pregunto: ¿de dónde van a salir esos dichosos candidatos que representan al pueblo, pero no a determinados intereses económicos o partidarios?¿No resulta esto contradictorio? ¿No son los intereses de la ciudadanía también intereses económicos? ¿De que mundo político subterráneo o partidos nuevos van a salir esas personas parecidas a ángeles que nos van a salvar? ¿Cuánto tiempo se puede dar una sociedad para esperar que surjan estos líderes, teniendo presente que además de la emoción política de las elecciones también se necesita administración pública? 



Como alternativa al voto en blanco, lo que se necesita realmente es la madurez política de la sociedad. Es claro que candidatos como Juan Manuel Santos o nuestro pulquérrimo Zuluaga no llevarán a la sociedad a esa madurez política. Porque a ellos no les interesa ni les conviene. Les conviene, por el contrario, que la gente piense que el voto en blanco es una buena opción, bien porque envía un mensaje a los candidatos, o bien porque parece una alternativa inteligente, por irreverente y por muchas otras razones. Para mí la madurez política de la sociedad implica la politización de los ciudadanos. Independientemente de la posición política, considero que es mejor la vinculación formal a un partido y la participación en él, que el simple voto de opinión del que muchos son partidarios, particularmente cuando les conviene o cuando sienten que tienen opción de ganar, es decir, como si fueran miembros del partido del oportunismo. Siento que hay que dejar de lado el miedo a equivocarse y avanzar hacia la argumentación y la deliberación política, que son la manera correcta de construir un partido, y de llegar a la madurez política.