Cuando escucho hablar del derecho
a la protesta, siento en el ambiente una equívoca noción, como si la protesta
fuese lo correcto. Para mí la protesta no es lo correcto sino la corrección. No
considero la protesta como un derecho, sino como algo extra, algo externo, algo
que da forma al Estado de derecho, a las instituciones básicas de la sociedad.
Nuestros gobernantes autorizan y
limitan cada protesta, y piden que se proteste dentro de cierta “normalidad”,
que no haya excesos y que “por supuesto” no se trasgreda contra los derechos de
otros ciudadanos. Y ahí es donde veo el mayor error. Creo que necesariamente la
protesta debe afectar los derechos de los demás ciudadanos, y esto por dos
razones, la primera, para que los demás ciudadanos se enteren del propósito de
corrección (las causas o motivos de la protesta), la segunda, para que la
institución contra la que se protesta tenga un motivo más para corregirse
(atender los motivos de la protesta), puesto que evita la continuidad de la
afectación de los derechos de los ciudadanos no inmiscuidos en dicha protesta.
Una intuición básica al analizar
la protesta es que su motivo se relaciona siempre con una pretensión de
justicia, es decir, de corrección de una desigualdad bien en el punto de
partida, bien en el punto de llegada. Dentro de la lógica misma de la protesta se
encuentra una cierta gradación, que va desde la casi inofensiva realizada
mediante oficios y por lo general ante las cortes, hasta la que implica
acciones de hecho, desobediencia civil que necesariamente viola unas leyes con
el fin de cuestionar otras o de reorientar el accionar del gobierno. La
apelación a la violencia no cabe dentro de la definición liberal de
desobediencia civil. Esta es vista como una garantía del orden constitucional,
siempre que no sea violenta y que sean sinceras las intenciones de los
manifestantes. Cuando se sobrepasa pueden comenzar los conflictos armados, se
legitiman todo tipo de violencias y las pretensiones originales se diluyen en
la búsqueda de la responsabilidad.
Pero se sobrepasan por lo general
cuando los motivos de su protestas, cuando sus desavenencias con las
instituciones, no son atendidas. Ahora bien, podría encontrarse cierto grado de
normalidad en la protesta en países como Colombia donde hay tanta institución
deficiente. Pero la normalidad debería ser la inexistencia de causas para la
protesta, la garantía plena de la igualdad en el punto de partida y ciertas
correcciones en los resultados. Normalizar la protesta y aceptarla dentro de
nuestras rutinas, acomodarnos a las protestas sin atender a sus peticiones y
pedirles en cambio que no alteren nuestra vida, es como decirles: “ustedes no
serán incluidos” y sus problemas no nos incumben.
Esa incumbencia puede significar
el éxito o el fracaso de una protesta.
Cuando los motivos de los manifestantes son bien recibidos en las esferas
pública y privada, dicho recibimiento puede generar algún tipo de cambio. Normalizar
las protestas, acotarlas a la mínima incomodidad, puede aumentar el problema en
lugar de resolverlo. En una sociedad organizada dichas protestas reciben como
respuesta su transformación en las principales propuestas políticas de las
siguientes elecciones. En Colombia, por lo contrario, se acusa a ciertos políticos
de provocar dichas protestas, de incitarlas, como si no fueran también ellas
una forma de expresión política de ciertos sectores que se sienten excluidos o
perjudicados por las condiciones iniciales en las que tienen que jugar política
y socialmente. Y que necesariamente deben convertirse en votos.
En una sociedad organizada las
protestas de hoy en contra del gobierno
se transforman en los votos de mañana a favor de la oposición, siempre
que ésta proponga cosas diferentes a las del gobierno de turno y siempre que
haya elecciones libres.
