¿Quiénes deben negociar?

Esta pregunta tendría una respuesta sencilla si el objeto por el cual se va a hacer la negociación fuese sencillo, digamos un problema religioso o racial, o inclusive fronterizo o ideológico aunque claramente estos ya no son propiamente sencillos. El conflicto más antiguo e irracional que puede recordar algún historiador de conflictos es este que se da en Colombia, y el más extraño también. Todas nuestras instituciones se construyeron delante del conflicto. No hay ni una de ellas exenta. Hasta la corrupción, como la más nefasta de todas, sabe que el conflicto existe y se refugia en los escondrijos que éste le otorga.

Pero en este caso y teniendo presente la oportunidad histórica que se presenta para las partes en conflicto, ya sea porque la guerrilla se encuentra debilitada o sitiada, ya porque el presidente de Colombia quiera pasar a la historia por lograr un proceso de paz exitoso, ya porque haya intereses de países como Cuba o Venezuela en que la insurgencia colombiana retorne a la vida civil, pienso que en la mesa de negociación deben estar solo los dos contendores. Así como en los combates no se debe inmiscuir a la sociedad civil aunque en últimas resulte afectada, del mismo modo ésta no debe estar en la mesa de negociación. Y creo además que los que se debe negociar debe reducirse a lo mínimo, es decir al todo o nada. Y por esto tampoco deben participar agencias diferentes al gobierno colombiano. Tampoco puede pensar la opinión pública que la negociación se va a hacer con personas de bien políticamente equivocadas. Se ha de reconocer que han sido delincuentes y terroristas, pero que por ello y en función de resolver el problema hay que negociar con ellos, pues si no fueran problema no habría realmente nada que negociar.

El problema, sin duda, es cuáles son esos mínimos. Mi observación es que la guerrilla en este momento sólo tiene dos opciones o la rendición o el diálogo, y a su vez el Estado tiene dos opciones o  persistir en castigar los delitos odesistir de hacerlo para lograr un acuerdo de paz. Si bien acá dejo de lado y descarto de plano la presencia de tantas instituciones y organizaciones como víctimas han existido es porque su presencia en nada modifica las opciones de los contendores y en cambio sí enrarecerían bastante los puntos a negociar. La opción que mayores beneficios podría representarle a la guerrilla es el diálogo y por eso es posible que lo intenten muchas veces toda vez que saben que no hay un modo realista de acceder al poder por las armas. No se sabe con precisión que podrían obtener en la mesa de negociación pero de seguro sería mucho más ventajosa que su otra opción. Por otra parte, la solución a este dilema depende de la opción que tome el Estado, si éste persiste en su intención de castigar los delitos es probable que las FARC no negocien por cuanto les sería indiferente negociar o rendirse. Así que la opción para el Estado, en la que las FARC negociarían, sería no castigar los delitos. En este punto de la negociación ambas partes podrían obtener algo que les interese, las FARC no irían a la cárcel y el Estado obtendría la desarticulación menos costosa de la insurgencia.

Ahora bien, ¿qué pasaría en esta situación con los propósitos políticos de las FARC?  Creo que cada propósito que las FARC deseen realizar les significará algún tipo de castigo a sus delitos. Así si algunos de sus integrantes quieren participación política tendrán que intercambiarlo por sus aliados en el negocio del narcotráfico, o si quieren apoyos socioeconómicos para sus desmovilizados tendrán que entregar a los victimarios de la extorsión o del secuestro, todo de acuerdo a los términos de la negociación. Si el Estado exige demasiado, entonces tampoco la guerrilla encontrará la manera de entregar nada.

Arriba he mencionado el tema de los mayores beneficios para la guerrilla, que podría como en el pasado pedir más de lo que puede entregar, en este caso lo que puede pedir es la opción de dialogar para terminar el conflicto, la solución negociada, y a cambio entregar las armas y sus estructuras militares, obteniendo el fin de su persecución y probablemente otros beneficios conexos. Pero el problema entonces es para el Estado cuyos beneficios son ambiguos o de difícil definición, toda vez que éste no es una persona ni una organización sino la institucionalidad y en esta medida es un conjunto de doctrinas traslapadas acerca de la idea de justicia, por lo que no sería evidente su beneficio.  Dentro de las tareas del Estado, las más urgentes como la reparación a las víctimas o el juzgamiento de los crímenes (que no de los criminales), no reportan beneficio alguno, salvo las ganancias electorales de quienes detenten el poder en el momento de la ejecución de tales políticas. Por esto, obtener la paz, cualquiera que sea su definición, no es un gran beneficio para el Estado, pero sí para algunos ciudadanos estratégicamente ubicados, ya en zonas de conflicto donde la carga bélica se reducirá de modo dramático, ya en posiciones de poder donde les representaría ganancias electorales en futuras votaciones.

Según este análisis breve y poco elaborado una negociación entre las FARC y el gobierno actual beneficiaría a ambas partes, a ellas por obtener una solución negociada, y al gobierno por obtener los votos de la próxima elección. Pero si el gobierno y las FARC aceptan la participación de la sociedad civil y de otras agencias en la mesa de diálogo, éste se complejizará porque las opciones ya no serían las de dos sino la de muchos otros, como podría pensarse que ha ocurrido en anteriores oportunidades.